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Ejecutivo envió proyecto de ley que amplía de dos a cuatro años el periodo máximo en el que una empresa puede estar en liquidación en marcha.


Solución para complejo en La Oroya debe ser laboral, ambiental e industrial, comentó el presidente electo. En tanto, Ollanta Humala se mostró a favor de relajar los estándares ambientales.


¿Son realmente altas las exigencias que la legislación peruana impone a las actividades extractivas e industriales? El sector empresarial suele cuestionar la normativa, pero no por ello hace un esfuerzo por cumplirla. El caso Doe Run es un ejemplo.


Fuerza Popular estaría dispuesta a votar a favor de una ley que evite el cierre de la refinería, adelantó la congresista Cecilia Chacón. El plazo para la liquidación en marcha vence el 27 de agosto. Habría seis empresas interesadas en los activos, pero esperan una relajación en los estándares ambientales.


Ejecutivos chinos y australianos llegarían esta semana a Perú para evaluar el complejo La Oroya y la mina Cobriza.


Un grupo de sus trabajadores no laborará hasta que se recuperen los flujos de caja, informó la compañía en un comunicado.


En reunión, la Junta de Acreedores eligió a la consultora Dirige como nueva liquidadora. Durante la mañana, los trabajadores llegaron a bloquear la carretera central a la espera de acuerdos laborales favorables.


El exadministrador de Doe Run (y también del Club Universitario de Deportes) habría desviado aproximadamente US$1 millón de las arcas de la alicaída refinería.