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Contraloría detectó sobrecostos, sin ninguna justificación, por US$ 150 millones y un posible retraso de 15 meses en la obra (a cargo del consorcio integrado por la peruana Cosapi, tres firmas italianas y dos españolas).


En tres semanas, el organismo fiscalizador presentaría los resultados de su auditoría al megaproyecto.