Escribe Paulo Vilca
En colaboración con Aldo Santos

Cada cinco años, Lima mira con desconfianza a las regionesdel sur. Recuerda que allí se gestaron revoluciones e insurgencias. Si bien yano estamos en tiempos de levantamientos en armas o de gobiernos derrocados, aúnse asume que los conflictos sociales y el apoyo a candidatos de tendenciaizquierdista son una muestra de esa misma rebeldía. Desde otra perspectiva, sinembargo, en el sur se halla la reserva de nuestra identidad nacional, elrecuerdo del pasado prehispánico y la grandeza de la cultura andina que hahecho de Machu Picchu su mayor representación.

Pero un acercamiento al sur no puede centrarse únicamente enaspectos políticos. Si la rebeldía y la identidad son una cara de la moneda, laotra es su importancia económica. Los grandes proyectos mineros ubicados enesta parte del país suman 24.443 millones de dólares, que representan el 52,01%del total de la cartera de inversión minera, a lo que debe agregarse que laprincipal reserva gasífera se concentra en la selva cusqueña. Por si no fuerasuficiente, el corredor turístico más importante comprende un triángulo cuyosvértices se encuentran en Machu Picchu, el cañón del Colca y el lago Titicaca.

Estos aspectos comunes dan pie a la posibilidad de un surintegrado que haga de contrapeso a la capital, un tópico común entre actorespolíticos y sociales de estas regiones, herederos del viejo sueñodescentralista del puneño Emilio Romero, quien ya en 1931 consideraba elcentralismo como uno de los principales problemas del país.

Los últimos dos intentos integracionistas se dieron en losaños 2005 y 2015. En la primera ocasión se trató del fracasado referéndum deintegración regional en el que Arequipa fue la única región en la que ganó elsí con un ajustado 50,05%, en tanto que, en Puno, Tacna, Cusco y Apurímac, elno logró 65%, 79%, 59% y 56%, respectivamente. Madre de Dios y Moquegua nisiquiera participaron. Diez años después, en febrero del 2015, se produjo laúltima tentativa en la explanada de Sacsayhuamán, cuando los gobernadoresregionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacnaacordaron conformar la Mancomunidad de la Macrorregión Sur. En estaoportunidad, bajo el liderazgo de la joven abogada Yamila Osorio, gobernadoraregional de Arequipa, las principales autoridades del sur pusieron en pienuevamente los anhelos regionalistas, retomando un tema que casi nadie incluyeen la agenda política dado el actual desprestigio de un proceso dedescentralización que ha sido abandonado a su suerte.

A pesar del esfuerzo desplegado, la propuestaintegracionista no duró mucho tiempo. Si bien en un inicio primó el interéscomún por la construcción del Gasoducto del Sur y la implementación de un plande desarrollo energético que promueva la masificación del gas y laindustrialización de sus derivados, la campaña electoral presidencial del año2016 generó entre los gobernadores discrepancias que se ahondaron porconflictos de demarcación territorial y el aprovechamiento de los recursosnaturales.

Estas diferentes variables políticas, sociales, económicas yterritoriales se conjugan en el día a día y construyen un mosaico que muchasveces no es apreciado en su real dimensión. El sur es más complejo yheterogéneo de lo que políticos, analistas y medios de comunicación creen.Incluso de lo que los propios sureños creemos. En el sur, quienes van tras la búsquedade rebeldes y radicales los hallarán junto a emprendedores y comerciantes. Y sise busca a los comuneros campesinos que lucharon por la tierra, se da conmigrantes indígenas conquistando las ciudades. Hay nuevos “sures” por descubriry entender.

¿El sur rebelde?

Si una forma de definir el sur es el espíritu rebelde,entonces el sur empieza en Arequipa, centro de revueltas y revoluciones. “No envano se nace al pie de un volcán”, decía el poeta Jorge Polar, intentandoretratar ese impetuoso carácter arequipeño que en lo que va de este siglo hahecho retroceder a los sucesivos gobiernos nacionales. El primero fue el“arequipazo”, que obligó a Alejandro Toledo a encarpetar su intención deprivatizar la empresa de generación eléctrica Egasa, y durante los últimos añostenemos el rechazo de la población del valle de Tambo al proyecto minero TíaMaría, ante el cual Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pocohan podido hacer.

Pero este temperamento va más allá de las faldas del volcánMisti. A inicios del 2005 ocurrió el “andahuaylazo”: Antauro Humala, acompañadode un grupo de reservistas del Ejército, tomó la comisaría de Andahuaylas conla intención de derrocar al gobierno de Alejandro Toledo. En el 2008, el“moqueguazo” acabó con la capitulación de un contingente policial comandado porel general Alberto Jordán en medio del enfrentamiento entre las regiones deMoquegua y Tacna por la distribución del canon minero. El “aymarazo”, ya en el2011, consistió en una movilización dirigida por Walter Aduviri contra elproyecto minero Santa Ana en el sur de Puno. De hecho, los reportes de laDefensoría del Pueblo suelen colocar a las regiones del sur como aquellas conla mayor cantidad de conflictos en el país, tal como consta en la informacióncorrespondiente a junio del 2017, donde Apurímac con 19 conflictos, Cusco con16 y Puno con 15 aparecen en segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Si bien una parte importante de esta resistencia se articulaalrededor de proyectos mineros, sería un error creer que existe una supremacíageneralizada de las posiciones antimineras o antiinversión privada. Un repasopor algunas de las principales reivindicaciones del sur muestra que tras estasestuvo la demanda de grandes proyectos de inversión como la Interoceánica Sur oel gasoducto, y lo mismo ocurrió recientemente con el Aeropuerto de Chinchero.

Aunque estas iniciativas han tenido sesgos populistas y seencuentran cuestionadas por sus costos y las condiciones contractuales, no sepuede olvidar que, por lo menos en el caso de la primera, se trató de unproyecto que venía desde décadas atrás y que tuvo entre sus principalesentidades impulsoras a las Cámaras de Comercio que apostaban por laconformación de la Macrorregión Sur y por contar con una vía que diera accesodirecto al mercado brasileño. Aunque es cierto que la interoceánica no hacumplido las expectativas empresariales —apenas 2% del flujo comercial conBrasil se traslada vía terrestre—, es indudable que ha tenido un gran impactointerno al disminuir los tiempos de traslado y aumentar la oferta detransporte. Si antes tomaba por lo menos un día llegar de Cusco a Tacna, ahoraeste tramo se realiza en menos de diez horas, el mismo tiempo que requiere irde Juliaca a Puerto Maldonado y que antes se podía contar por días.

Por otro lado, no todos los proyectos mineros son rechazadosper se por la población ni esta es mayoritariamente opuesta a las actividadesmineras. El caso de Las Bambas en Apurímac grafica bien esta situación. “Lasociedad rural apurimeña no se define como antiminera”, afirma Enver Quinteros,coordinador de la ONG Aprodeh en Abancay. Varios especialistas señalan que losconflictos surgidos son de convivencia, especialmente por los cambios generadosen la sociedad apurimeña por una inversión estimada en más de 6.000 millones dedólares. Si hace unos años la balanza de la importancia política oscilaba entreAbancay y Andahuaylas, ahora es la provincia de Cotabambas la que se consolidacomo un nuevo centro de poder, mientras que el distrito de Challhuahuacho pasóde aparecer en los mapas de los programas sociales a ser un destino atendidopor el propio vicepresidente de la República.

Aún más compleja es la relación con la minería en Arequipa,donde la población que apoyó las protestas contra el proyecto Tía María,ubicado a 100 kilómetros de esta urbe, no manifiesta rechazo alguno a lasoperaciones que realiza la empresa Cerro Verde prácticamente al costado de laciudad. Todo lo contrario, Cerro Verde ha conseguido posicionarse como un actorclave para el desarrollo urbano en virtud de la ejecución de obras de agua, desaneamiento y de carácter vial, como muestran los diferentes carteles con lamarca de la empresa que se encuentran dispersos a lo largo de las principalesavenidas.

Pero a la vez resulta innegable que en el sur actúan gruposmás proclives a mantener posiciones contestatarias frente al Gobierno central.Están, por ejemplo, los comuneros indígenas preocupados por los impactossociales y ambientales de los proyectos extractivos, como los que hanorganizado los paros contra las operaciones de la empresa minera Aruntani enPuno entre los años 2015 y 2016. Están también los mineros informales eilegales que operan a sus anchas en zonas abandonadas por el Estado, como LaPampa en Madre de Dios o La Rinconada en Puno. En el ámbito urbano, por suparte, son los frentes de defensa los que intentan colocar en agenda lasdemandas de la población, abarcando una diversidad de temas que dependen de lacoyuntura regional e incluso local. En el Cusco fue la construcción delAeropuerto de Chinchero la que activó la movilización de la ciudadanía ainicios del 2017, mientras que en Juliaca uno de los paros más contundentes delos últimos años se realizó en diciembre del 2016, debido a la inseguridad ciudadana.

Este variado y cambiante escenario se presenta también en elámbito electoral, ya que las preferencias políticas están lejos de serhomogéneas en su supuesta proclividad a la izquierda, al punto de que, durantela primera vuelta de las elecciones del año 2016, Arequipa fue la única regiónen la que resultó ganador el partido Peruanos por el Kambio (PPK obtuvo el27,33% de los votos; Frente Amplio, el 25,67%; y Fuerza Popular, el 24,04%) yademás fue uno de los lugares clave para que este lograra la victoria en lasegunda vuelta. Para el analista político arequipeño José Luis Vargas, “el surrebelde ha dado un giro encabezado por Arequipa”, y la explicación a estasituación sería el crecimiento de una clase media a la cual le es más difíciltirar los dados. La estadística parece darle la razón: según datos del INEIpara el año 2015, la pobreza en esta región ha disminuido y alcanzado el rangomás bajo en todo el país junto a Ica, Madre de Dios y Moquegua. Precisamente enesta última región la votación congresal dio como ganador a Peruanos por elKambio, pese a que Frente Amplio, liderado por Verónika Mendoza, tuvo la mayorcantidad de votos a nivel presidencial (Frente Amplio logró cerca de 31.400votos a nivel presidencial y 13.600 votos a nivel congresal, en tanto quePeruanos por el Kambio tuvo 27.850 votos para la presidencia y 20.350 votospara el Congreso).

Pero la apuesta por PPK ha ido acompañada de otro cambio aúnmás llamativo: el retorno del fujimorismo. Desde mediados de la década de 1990,Arequipa fue considerada un bastión del antifujimorismo, recordándose hastaahora la silbatina del público que impidió a Alberto Fujimori terminar con sudiscurso de inauguración de los Juegos Bolivarianos en el estadio de laUniversidad Nacional de San Agustín el año 1997. Este temperamento se mantuvoinalterable en los diferentes procesos electorales realizados desde la caídadel expresidente, ya que ninguno de los candidatos fujimoristas consiguió serelegido como autoridad local o representante ante el Congreso de la Repúblicahasta el último proceso electoral —salvo en el único caso de la provincia deCaravelí, en la que el fujimorismo logró ganar la alcaldía provincial el año2006, y donde, además, mantiene una sólida mayoría en los resultados electoralespresidenciales desde el 2011—. Pese a que el fujimorismo no logró la victoriapresidencial, sí pudo tener una congresista, la abogada puneña AlejandraAramayo. Lo mismo ocurrió en otros lugares, como el Cusco, Moquegua y Madre deDios, que tampoco habían tenido congresistas del fujimorismo hasta la elecciónen abril del 2016 de Nelly Cuadros, Mario Mantilla y Modesto Figueroa.

Aunque no es posible dar una sola respuesta para estoscambios políticos y es pronto aún para saber si serán permanentes, puede queestén vinculados con las transformaciones demográficas y sociales ocurridasdurante los últimos años que vienen cambiando el perfil de las principalesurbes del sur.

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