¿Qué Estado queremos? La pregunta, siempre compleja, lo es aún más para el campo cultural. Y es un asunto clave en momentos en que el Ministerio de Cultura avanza hacia la formulación de una política nacional para el sector. Frente al persistente —y justificado— reclamo por la inexistencia de políticas públicas, el trabajo cultural en el país determina un modelo en el que las instituciones estatales ocupan, por lo general, un lugar menor frente a las iniciativas de la sociedad civil: creadores individuales, grupos de artistas, instituciones independientes, empresas privadas, asociaciones culturales, universidades o centros municipales. Podríamos seguir. La lista es suficientemente larga como para rebasar la simplista dicotomía que escinde la discusión en campos opuestos: lo público y lo privado, el Estado y la sociedad civil. Se trata de redes mucho más complejas de lo que a veces imaginamos.

En ese marco, las preguntas de rigor merecen respuestas más afinadas. ¿Cuál debería ser la función del Estado en el campo cultural? ¿Hasta dónde debe llegar su acción? ¿En qué aspectos de la vida cultural debe intervenir y en cuáles debe mantener distancia? ¿Qué debe ejecutar directamente y qué debe delegar? Muchas de estas preguntas podrían perfectamente responderse a partir de una reflexión sobre el financiamiento de la cultura.

Para empezar, ningún Estado puede definir políticas públicas sin el presupuesto que le permita asignar recursos. Más allá del gasto que este pueda ejecutar directamente en la gestión de las instituciones y en los programas que dependen del ministerio, resulta indispensable proponer mecanismos que permitan distribuir y canalizar eficientemente los recursos para financiar y fomentar aquello que el ministerio considere necesario priorizar pero que no debe o no puede realizar directamente.

Los fondos concursables son, de hecho, una de las principales herramientas que el Estado tiene para la definición de políticas públicas en el campo cultural. Sin embargo, el Perú probablemente sea uno de los pocos países de la región que no cuentan hasta ahora con un programa de este tipo para el apoyo a la creación y a la investigación en arte, arqueología y humanidades —salvo por el excepcional fondo del cine, que ha favorecido un sólido desarrollo del sector—.

Las ventajas de los fondos concursables son evidentes, sobre todo en una realidad tan diversa y compleja como la nuestra. Los concursos bien administrados, como lo han sido aquellos dirigidos desde el Concytec, garantizan la transparencia en la distribución y en el uso de los fondos del Estado, reducen el clientelismo y, en la medida en que se trata de asignaciones directas, otorgan mayor eficiencia al gasto. Son, además, inclusivos, en tanto que permiten llegar a más personas e instituciones. Y, lo que no es menos importante, despolitizan el gasto público, centrando la distribución de los recursos en la calidad de las propuestas.

Los fondos concursables son indispensables para el desarrollo de la creación contemporánea en áreas como la literatura, el cine, la música y las artes plásticas, en los que la libertad creativa es clave. Pero lo son también en otros campos, que van desde la producción editorial y teatral hasta las actividades de promoción cultural, desde los proyectos de conservación y restauración hasta las investigaciones antropológicas, históricas y arqueológicas, áreas que, hasta el momento, no reciben prácticamente ningún apoyo del Estado.

Los fondos concursables no solo permiten inyectar recursos a la escena cultural: pueden contribuir, a través del énfasis puesto en cada programa, a definir políticas públicas y a orientar el desarrollo del sector, a lograr el deseado equilibrio entre la intervención estatal y la participación ciudadana, y a maniobrar entre el dirigismo y la pluralidad de propuestas surgidas desde la sociedad civil. En una escena como la peruana, implican, además, un reconocimiento a la diversidad de actores que confluyen en el trabajo creativo y en la conservación del patrimonio; los integra y los convierte en aliados efectivos del Estado. Al final, es la gestión de recursos lo que permitirá la puesta en marcha de una verdadera política cultural, y también lo que dará al Estado la posibilidad de integrarse de manera efectiva a la vida cultural del país.

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