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La investigación académica en el Perú es como una carrera de obstáculos. Una en que los investigadores se enfrentan a conservadores de museos, a bibliotecarios y a especialistas en archivos que creen tener como función impedir el acceso a los materiales que custodian.

Muchos hemos pasado toda una vida esperando la oportunidad de estudiar un documento, una acuarela o un tejido. Ese es el caso de un importante antropólogo norteamericano que, durante más de dos décadas, no pudo acceder a las colecciones del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú por la negativa de un conservador que se lo impidió argumentando que él estaba estudiando los mismos materiales. No debe sorprender que el funcionario en cuestión, cuyo nombre nadie recuerda bien, no haya publicado ningún hallazgo trascendental sobre el tema. Lo importante es que, en los hechos, esa persona privatizó bienes estatales. En casos como este, el Estado no es precisamente sinónimo de lo público. 

Cuando, hace poco, el investigador finalmente encontró un funcionario dispuesto a abrirle las puertas de los depósitos, se topó con un nuevo obstáculo: una larga e insólita lista de requisitos incluida en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, firmado el 3 de octubre del 2014 por Ollanta Humala. El título XII de ese documento, “Proyectos de investigación de colecciones y fondos museográficos administrados por el Ministerio de Cultura,”representa la institucionalización de una serie de ideas profundamente equivocadas y la legalización de lo que, en esencia, va contra el espíritu de las leyes fundamentales de la República.

Según el reglamento, para acceder a los fondos de museos se precisa la presentación de un expediente en “dos ejemplares debidamente foliados, encuadernados y anillados” cuyo contenido siga los “formatos establecidos por el Ministerio de Cultura”. Entre la larguísima lista de información y papeles requeridos, se incluye un apartado sobre “preguntas de investigación e hipótesis” y otro acerca de la “justificación científica del proyecto”, lo que obliga al investigador a someter sus ideas a la evaluación de un burócrata. No sabemos cuál es el propósito de semejante requisito, pues habría de suponerse que el responsable no podría impedirle el acceso a un investigador por estar en desacuerdo con sus ideas. En teoría, sin embargo, se le otorga al conservador de turno el poder de censurar el trabajo de otros.

Ycomo si fuera poco el esfuerzo puesto en armar el expediente que se solicita, se exige al investigador presentar un informe final, en dos ejemplares, para llenar los estantes del ministerio. El problemático reglamento también demanda la firma de una “carta de compromiso de no afectación al Patrimonio Cultural de la Nación, responsabilizándose de los eventuales daños y perjuicios”, volcando todo el compromiso sobre la integridad de los bienes al investigador, cuando el estudio de los materiales se conduce en las instalaciones del museo y bajo la tutela de los responsables. Debo decir que, en cerca de tres décadas de trabajo en museos y bibliotecas de distintas partes del mundo, nunca me han pedido más documentación que acaso una carta simple de solicitud de acceso.

La actual gestión en el Ministerio de Cultura desea cambiar esta legislación. El viceministro Jorge Arrunátegui ha expresado su intención de mejorar estas disposiciones y de reducir la burocracia. Su trayectoria como gestor en el sector público indica que cumplirá sus promesas.Y, en realidad, hacerlo es bastante fácil. Para ello, lo único que debe contener el título sobre investigación en fondos de museos se resume en un corto enunciado: “Los museos apoyan la investigación, promueven activamente el estudio de sus colecciones y tienen la obligación de brindar todas las facilidades de acceso a los ciudadanos nacionales y a los extranjeros que deseen estudiar las piezas que custodian”.

Las leyes que nos agobian no son sino el reflejo de una cultura institucional. En este caso, revelan una forma equivocada de pensar el papel del Estado en la gestión del patrimonio. Esa idea fiscalizadora —casi policial— es precisamente lo que debemos cambiar.

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