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Eduardo Recoba (Economista)

La casa hacienda de Sojo en Sullana, Piura, fue construida en 1910 con la línea neoclásica afrancesada y republicana de las casonas de campo edificadas en la costa peruana entre fines del siglo XIX e inicios del XX. Esta sobrevivió a los fenómenos climáticos de El Niño en 1925, y —abandonada a su fortuna después de la Reforma Agraria de 1968— perduró serena a las versiones de El Niño de 1983 y 1997, y a la reciente de marzo de este año. Ya en 1974 había sido declarada patrimonio monumental, pero desde el 2012 su restauración es un proyecto trunco.

Desde la plataforma oficial del Ministerio de Cultura (MINCU) se afirmó que, salvo el casco colonial de la ciudad de Trujillo, el impacto de El Niño costero en el patrimonio no fue “una afectación importante”. Sin embargo, cabe preguntarse si acaso la conservación de los grandes monumentos coloniales y republicanos del país puede depender únicamente de sus buenos cimientos.

Como declaró Liliana Córdova Burga, jefa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad: “[Las casonas] fueron tan bien hechas que han soportado por casi cinco siglos terremotos, sismos y fenómenos de El Niño. Lo que no soportan es la [mala] intervención humana”.

La agenda que contemple una política institucional sólida de protección de este activo continúa siendo aplazada. Los años comprendidos entre el 2005 y el 2016 solo nos han dejado tristes experiencias de este desamparo: el incendio en el 2005 del Santuario de Nuestra Señora de la Soledad (Lima,siglo XVI), el colapso del Santuario del Señor de Luren (Ica, siglo XIX) por el terremoto del 2007, los incendios de una de las casonas del conjunto monumental Plaza Dos de Mayo en el 2014 (Lima, siglo XIX) y de la iglesia de San Sebastián en el 2016 (Cusco, siglo XVI) son algunos ejemplos.

Todos estos casos dejaron fuera de juego a particulares, Gobiernos regionales y municipales, fundaciones, patronazgos y empresas privadas, al MINCU y, desde luego, a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley 28296), responsables —directos o indirectos— de su protección.

Según algunos especialistas consultados, los problemas presupuestarios para estas tareas tienen dos raíces: la baja asignación del mismo sector de cultura —que solo absorbe el 0,70% del Presupuesto General de la República— y la poca capacidad de gastos con la que cuentan, en la mayoría de casos, los propietarios privados. Las políticas de protección, por ello, deberían estar dirigidas a generar mayores inversiones antes que nada.

Riesgo de colapso

Los daños de El Niño fueron importantes en Trujillo, donde se concentra el casco colonial de La Libertad. De 35 inmuebles monumentales de la ciudad norteña, 11 están en situación de “grave riesgo de colapsar” por haber estado expuestos al huaico.

Córdova Burga, de La Libertad, asegura que no tienen margen económico ni administrativo para el manejo directo, la manutención, la prevención, la inversión y el uso de estos lugares. No obstante, la oficina que ella dirige evalúa todos los meses de noviembre —antes del inicio de lluvias enla zona norte— casonas, monumentos, iglesias y conventos coloniales o republicanos. Pero las intervenciones no autorizadas, la tugurización, el alquiler y el subalquiler, entre otras acciones llevadas a cabo dentro de los recintos, obstaculizan las mejoras necesarias.

En el caso de Piura, la región más afectada por El Niño, el 95% de los inmuebles declarados patrimonio cultural de la nación son de propiedad privada, según la Dirección Desconcentrada de Cultura. En la ciudad del norte existen 100 casonas declaradas patrimonio histórico inmueble, de las cuales 23 se encuentran en buen estado de conservación, 38 en estado regular, 18 en malestado, 8 son lotes baldíos, 12 están restauradas o remodeladas y solo un inmueble se encuentra colapsado.

Se trata de una situación en la que salen perdiendo tanto el predio como el activo histórico, los propietarios y los habitantes. Por un lado están los propietarios sin capacidad o voluntad presupuestal, y, al otro extremo, la ley del Estado, que, si bien cubre el diagnóstico del patrimonio y otras dimensiones técnicas, no contempla las herramientas reactivas para su conservación y no incorpora soluciones ante el desamparo provocado por fenómenos sociales estructurales y humanos como los descritos.

“Como ocurre con el patrimonio inmueble, estatuario y funerario, e incluso con el documentario, es importante considerar que la propiedad del mismo se encuentra en diferentes manos: particulares, municipios, etc., deforma que su protección no es tarea únicamente del Ministerio de Cultura”, añade Cristina Vargas Pacheco, docente, investigadora y museóloga de la Universidad de Piura.

Expertos consultados refieren que es complejo medir el costo de una eventual reconstrucción de un inmueble colonial o republicano, ya que depende del nivel de afectación y del grado de autenticidad que se busca rescatar. Por ello, Cristina Vargas señala que es importante que en el plan de reconstrucción se considere el patrimonio cultural como un rubro propio, con un presupuesto específico.  

¿Una oportunidad?

Según los expertos, al “doble estándar que reza que el patrimonio es importante, pero que no se cuenta con presupuesto” se le combate no solo con una ley de conservación, sino con una agenda (que no existe) de iniciativas de planificación y consolidación de políticas de conservación que se plasmen en modelos como Obras por Impuestos o las asociaciones público-privadas.

“Con muchas personas con necesidades básicas por atender, solo queremos invocar a las autoridades para que, en los planes de reconstrucción tras la emergencia, el patrimonio no sea un gran ausente, sino que, por el contrario, pueda ser un aliado en la transformación y el desarrollo de nuestras ciudades”, matiza Cristina Vargas.

Esta vez hubo suerte, pero no sabemos cómo les vaya a estos inmuebles tras un próximo fenómeno natural, porque no todos son caballeros aristocráticos que, aunque venidos a menos, seguirán tan estoicos, resilientes y valientes como la casona de Sojo en Sullana.

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