Ilustración: Cayo Navarro

Escribe Carlos Meléndez

Los presidentes elegidos que gobernaron el Perú desde 1990 en adelante están involucrados —directa o indirectamente— en escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Alberto Fujimori sufre condena por delitos de lesa humanidad y crímenes de peculado, espionaje y usurpación de funciones. Alejandro Toledo habría recibido 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht como soborno para la Interoceánica. Funcionarios del segundo gobierno de Alan García están involucrados en pago de coimas para mega obras públicas —como el Metro de Lima—, y la responsabilidad podría escalar hasta el propio líder aprista. Ollanta Humala habría recibido apoyo financiero de dicha empresa brasileña para su campaña electoral, pero lo más serio en su caso son las denuncias y los testimonios de su participación en crímenes contra los derechos humanos cometidos cuando ejercía funciones militares en zonas de emergencia del Alto Huallaga en los noventa. La suma de anécdotas asoma hacia la tragedia: al descrédito personal de cada gobernante se añade el daño a una de las instituciones políticas más importantes: la Presidencia de la República.

No es la primera vez que en el Perú se pone en tela de juicio la legitimidad de la institución presidencial. En el verano del 2004, Alejandro Toledo manejaba el país en medio de un pobre respaldo popular, que llegó a ser de un solo dígito. La ola creciente de protestas sociales —como“el arequipazo” en contra de las privatizaciones de empresas eléctricas en el sur— llevó al presidente a declarar estado de emergencia en todo el país. En el Congreso, la propia mayoría parlamentaria oficialista rechazaba medidas tributarias propuestas por el Ejecutivo, situación aprovechada por la oposición aprista para golpear la legitimidad del gobierno chakano. La sensación compartida por un sector de la élite limeña era que Toledo no llegaría al 2006 en el cargo. Consecuentemente, el diario El Comercio publicó un editorial en el que se pedía al presidente tener “patriotismo y coraje” para dar “un paso al costado” y ceder el control del Ejecutivo a un presidente del Consejo de Ministros que coordine un gabinete independiente. Según esta “invitación”, el entonces mandatario se quedaría con funciones de jefe de Estado —básicamente protocolares—, pero perdería sus prerrogativas de jefe de Gobierno. El llamado del decano no prosperó, ya que el proceso era más complicado de lo que suponía el pedido: implicaba una enmienda constitucional y no un simple acato informal. La inexperiencia, frivolidad y soberbia de Toledo llevó a que la gobernabilidad pendiera de un hilo, al punto de que no solo se le llegó a cuestionar como estadista, sino también el sillón que ocupaba.

Ha sido un periodista, Juan Paredes Castro, quien registró las principales pifias al presidencialismo peruano. Su reciente libro La presidencia ficticia (Planeta, 2017) relata fallidos episodios contemporáneos en la jefatura del Ejecutivo que pusieron en riesgo la jefatura del Estado: servicios de inteligencia, negligencias de aprendices de estadistas, primeras damas todo terreno. Así, las faltas cometidas arrastran no solo al Gobierno: también al Estado. En dicha publicación, el abogado y rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú Marcial Rubio ensaya una reingeniería institucional con una división explícita entre la jefatura de Gobierno —en una proactiva PCM— y la jefatura del Estado —presidencia—. Una donde la primera sea la encargada del día a día, con capacidad de ser fusible y de recomponerse ante “baguazos” y “petroaudios” sin comprometer la figura presidencial. Y en que la segunda sea, por su parte, la encargada de la integración entre poderes, para estar por encima de estos, y de la integración entre niveles de gobierno, para articular las instancias estatales subnacionales con la central.

Según la reflexión citada, mientras la presidencia peruana combine funciones ejecutivas (por ejemplo, nombramiento de gabinetes) con funciones de jefatura estatal (por ejemplo, ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas), la posibilidad de que un yerro golpee la legitimidad estatal aumenta peligrosamente. Si una pata del sillón presidencial se rompe, no cae solo el presidente, sino que lo hace el Estado en toda su envergadura.

Si la Presidencia en sí misma puede ser un problema, el desequilibrio mayor se produce cuando tiene al frente un Legislativo dominado por la oposición. 

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