No sé nada de aviones. Ni de terminales aéreos. Tampoco tengo mucha idea de las implicancias legales o económicas de las negociaciones del Gobierno con la empresa a cargo del nuevo aeropuerto en Chinchero. Lo que me queda absolutamente claro, sin embargo, es que esa obra traerá —como se ve ya en los hechos— un nuevo ciclo de destrucción del paisaje cultural de la zona.

Con la venta forzada de las tierras de las comunidades del distrito de Chinchero se acaba irremediablemente todo un modo de vida (resulta conmovedor escuchar los testimonios que ofrecen los comuneros obligados a desplazarse de sus tierras). Entre muchos otros aspectos, es indudable que esto atenta contra el turismo, esa industria para la cual, se supone, se viene construyendo el aeropuerto. Quien pase hoy por Chinchero verá a lo largo de la autopista una serie de edificaciones precarias, casi todas informales, cuyo perfil de ladrillo y cemento sin enlucir se eleva hasta cuatro pisos de altura, echando una triste sombra sobre el paisaje circundante. El problema, no obstante, no se limita al entorno del nuevo aeropuerto: cuando los turistas recorren el valle, lo que encuentran son estas nuevas construcciones, o acaso el perfil del bus que los lleva en el espejo de sus vidrios reflectantes. Esos edificios son la cara visible de un proceso complejo de modernización achorada, emprendida sin lineamientos, sin planificación y sin criterio.

La desesperación por “destrabar” los proyectos de inversión ha llevado a eliminar los controles que permiten conservar el patrimonio. Es el caso de la Ley 30230, por ejemplo, que propone delegados ad hoc designados por el Ministerio de Cultura para evaluarlos proyectos en las propias municipalidades y ya no en el ministerio. Quien conozca los limitados recursos humanos que tiene el Estado se dará cuenta de que, en los hechos, esa ley es una carta blanca para la destrucción del patrimonio. No sabemos si hay un plan de desarrollo para los alrededores del Cusco, pero es evidente que, si es que existe, no parece haber nadie que lo quiera implementar. Tampoco se han establecido parámetros para la construcción de nuevos edificios. Nada nuevo bajo el sol. El laissez faire ha sido, en el mejor de los casos, la norma en lo que respecta al patrimonio cultural en el Perú. 

No debe sorprender, por eso, el silencio general que se cierne sobre este proceso. Fuera de algunas voces aisladas, el debate acerca del aeropuerto de Chinchero se ha enfocado en tecnicismos aeronáuticos o en aristas legales. Muy pocos se han centrado en la manera como este proyecto afecta a las comunidades campesinas o impacta en el Valle Sagrado, específicamente en Machu Picchu. Basta con imaginar el ruido y las vibraciones de los aviones descendiendo sobre un paisaje cada vez menos verde, cada vez más caóticamente poblado. El hecho de que se haya optado por ubicar el aeropuerto en Chinchero cuando estaba disponible la pampa de Ocoruro —un terreno eriazo a igual distancia del Cusco— sugiere casi un ensañamiento con la cultura local. Algo así sería impensable en cualquier otro país que busque explotar responsablemente su legado material e inmaterial.

Frente a esta crónica de un desastre anunciado (y ya materializado), el Gobierno y las autoridades locales parecen presenciar el drama en perfecto silencio. Nadie se hace responsable. El proceso de destrucción está en marcha. Lo único que queda, como último y desesperado recurso, es el salvataje antropológico, aunque eso solo permita paliar el daño. No es posible reparar lo que se pierde con lo que se inicia ahora en Chinchero. El Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional del Cusco y las municipalidades de la zona le deben al país una pronta respuesta.

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