La corrupción generalizada en el Estado peruano, solo en parte develada por el caso Lava Jato, ha generado tanto investigaciones cruzadas —fiscalía, procuraduría y congreso— como propuestas de reforma a las asociaciones público-privados, al financiamiento de partidos y a los sistemas de control, entre otros. Este debate, así como el espectáculo de acusaciones y denuncias, ocurre, sin embargo, en las alturas del poder y en medio de la indiferencia de la ciudadanía.

Los “destapes” sobre la corrupción, en buena medida, apenas ratifican lo que hace años la gente piensa: todos los políticos son corruptos, y si no lo son ya lo serán. Una suerte de sino trágico frente al cual poco o nada se puede hacer y que hace que la arenga “que se vayan todos” sea un malestar antes que un programa con viabilidad.

Esta indiferencia ciudadana explica que las movilizaciones contra la corrupción sean la expresión de minorías activas y que el debate de las reformas sea coto cerrado de políticos y especialistas. En lo que está concentrada la opinión pública es en el drama sobre el currículo escolar y la crítica despiadada al enfoque de igualdad de género contenido en el mismo, al que se le ha etiquetado con éxito como “ideología de género”. Muy oportuno mote, aprovechando que la palabra ideología lleva una fuerte carga negativa en estos tiempos de pensamiento efímero.

¿Por qué no debe sorprendernos que a la gente le preocupen mucho más sus hijos que el destino de los recursos públicos? Es simple: los afectos pesan más que las razones y, en esa medida, la familia está por encima del Estado. Aunque uno discrepe frontalmente con el discurso homofóbico e intolerante de ConMisHijosNoTeMetas, es innegable que los líderes de este movimiento han sido hábiles en alimentar los temores que cualquier padre o madre puede tener frente a un cambio tan grande como promover la tolerancia y el respeto a la diferencia en un país en el que Estado y la escuela siempre han promovido lo contrario. En ello han contado con la ayuda de algunos defensores del currículo, que no han tenido mejor idea que llamar “ignorantes” a quienes no piensan como ellos.

¿Tiene que ver la indiferencia ante la corrupción con el rechazo a la tolerancia? Al parecer, comparten una raíz: la ausencia de una república de ciudadanos que se asuman dueños del Estado y que se sientan libres e iguales ante la ley. Así, el Estado ajeno —y no ausente, como tanto se repite— continúa en manos de élites que cambian de cara y de apellidos, pero que siguen medrando de lo público y mirando al resto por encima del hombro. La otra cara de esta distancia —no ausencia— es que la ley no se cumple, la norma no se acata, los impuestos no se pagan. Un comportamiento que viene de antaño y que se ha potenciado con el mantra de los últimos veinticinco años: el Estado debe ser pequeño, y cuanto más pequeño, más felices seremos, gobernados por las infalibles leyes del mercado.

Es difícil imaginar que las cosas puedan cambiar en el corto plazo, pues el problema está tanto en las élites como en la ciudadanía. En buena medida, ambas comparten la misma idea del Estado reducido y la misma limitada cultura política. Esto lleva a pensar que la lucha contra la corrupción no necesariamente derivará en alguna gran reforma, y que la reforma educativa—cuya estrella era el currículo en cuestión— terminará, si no cancelada, por lo menos disminuida. Si quienes compartimos el ánimo de reforma podemos ser capaces de no descalificar al interlocutor, entonces quizá comencemos a dialogar y a ponernos de acuerdo, no solo en las alturas del poder, sino en todos los espacios de vida ciudadana en los que podamos generar consensos, pisos mínimos. De lo contrario, llegaremos a rastras al bicentenario, resignados a entregarle el poder a nuestra peor pesadilla, perdiendo el camino hacia una verdadera república de ciudadanos y ciudadanas.

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