A medio año de la elección de Pedro Pablo Kuczynski, da la impresión de que estamos frente al gobierno más débil del ciclo democrático iniciado con la caída del autoritarismo fujimorista el año 2000. No porque se encuentre con porcentajes mínimos de aprobación, como ocurrió con Alejandro Toledo a mitad de su gestión, o porque esté cuestionada su autoridad por la intervención de su esposa, como sucedió con Ollanta Humala. 

Conforme pasan los meses, es evidente que la debilidad de PPK no es producto de la fortaleza que le da al fujimorismo tener una mayoría absoluta en el Congreso, sino de los problemas internos de un gobierno que avanza sin dirección ni coordinación alguna entre la tecnocracia del Poder Ejecutivo, la bancada y el aparato partidario, que viene reproduciendo los problemas que fueron más que visibles en la errática campaña electoral de PPK.

“No enemistarse con el fujimorismo” parece ser la única estrategia del Gobierno de PPK, y muchos comienzan a dudar que esta le baste para llegar al 2021. Un Gobierno de minoría sin alianzas de ningún tipo no puede hipotecar su gestión a una mayoría opositora que no tiene incentivo alguno para sostenerlo. Y del lado de Fuerza Popular, ¿ser el sostén de la gobernabilidad le asegura acaso la victoria electoral en el lejano 2021? Pareciera una apuesta de alto riesgo asumir el desgaste ajeno.

De otro lado, nos encontramos en un contexto de “vacas flacas” fiscales, producto de la caída de los precios de los minerales y de la incapacidad de ir más allá del neoliberalismo que ha sido puesto en cuestión en su cuna, con la elección de un Donald Trump que se despide del TPP sin anestesia alguna, le dice no al libre comercio y levanta las nunca arriadas banderas del proteccionismo. Frente a ello, nuestro Gobierno solo nos promete el “destrabe” de los grandes proyectos de inversión, como si su parálisis fuera solo producto de normas y leyes, y no de un serio problema de la empresa para conseguir los recursos para su financiamiento.

Los problemas no se limitan a la política y a la economía. Se expanden al terreno de los conflictos, donde, más allá de las buenas intenciones de algunos ministros y funcionarios, pareciera no existir la decisión en el presidente y en el primer ministro para responder a las múltiples y variadas demandas regionales, locales y sectoriales, con gestos políticos y respuestas concretas. Pero además pareciera no tomarse en cuenta el impacto regional y nacional en torno al destino de ciertas empresas, como Petroperú y su agujereado oleoducto, o de los proyectos del corredor minero del sur, en especial de Las Bambas.

En este escenario, una pregunta que el fujimorismo debe estar haciéndose es la siguiente: “¿Y para qué esperar cuatro años?”. Hay que ser muy ingenuo para no imaginar que un aparato político con vocación de poder, con tendencias claramente autoritarias, con una tradición de instrumentalización del Estado y de la democracia, y con dos derrotas a cuestas en contextos normales, no esté imaginando una posible vacancia y el adelanto de elecciones al 2018. Más aún cuando no existe otro partido preparado para afrontar un proceso electoral adelantado, y donde dos potenciales candidatos al 2021, como son Verónika Mendoza y Julio Guzmán, están buscando su inscripción electoral. 

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ojala que el Gobierno y las fuerzas democráticas del país no olviden que la gran mentira que develó el 2016 fue la conversión del fujimorismo a la democracia. Y si quienes rechazaron con firmeza la instauración de un narco-Estado hace seis meses siguen mirando de lado, es probable que antes del 2021 el poder paralelo que crece día a día en la plaza Bolívar se instale en Palacio de Gobierno.