Foto: Andina.
El gabinete de la era Kuczynski envió su primera iniciativa legislativa al Parlamento para su debate y aprobación. Se trata de la norma que busca ampliar de dos a cuatro años el plazo en el que una empresa puede estar en liquidación en marcha. Si bien es una disposición general, el objetivo inmediato es evitar que el Complejo Metalúrgico de La Oroya -cuyo plazo para encontrar un comprador vence este 27 de agosto- sea rematado por partes, afectando su valor y posterior modernización.




La medida fue anunciada en la víspera por el premier Fernando Zavala, en conferencia de prensa, tras la primera reunión del Consejo de Ministros. Esta no es la primera vez que el Gobierno peruano le otorga una nueva oportunidad a Doe Run. Ya durante la gestión Humala, luego de que se venciera el primer plazo de seis meses que tuvo la Junta de Acreedores para encontrar un postor interesado, se emitió un decreto legislativo, en el marco de una delegación de facultades del Congreso, que prorrogó el periodo por un año más.

El nuevo plazo vence en 22 días, por lo que en el Legislativo queda poco tiempo para darle luz verde a la propuesta. El primer Pleno es el próximo 11 de agosto. Por lo pronto, la bancada fujimorista ya se ha mostrado a favor de una ley que contribuya a solucionar la problemática del Complejo Metalúrgico de La Oroya, conformado por la refinería, la mina Cobriza y sus cerca de 1.600 trabajadores.

Justamente, esta mañana, el presidente Pedro Pablo Kuczynski respondió a quienes cuestionan la propuesta que favorecerá al complejo metalúrgico, por considerar que es “una ley con nombre propio”. 

“No es un tema de Doe Run, sino de los 1.600 trabajadores industriales altamente tecnificados que hoy trabajan en La Oroya. Si el 27 de agosto no se prorroga la liquidación en marcha, ellos tendrían que irse a la calle. Eso es lo que estoy tratando de impedir”, indicó el jefe de Estado en entrevista a RPP. 

¿Qué dice la iniciativa? El texto tiene las rúbricas del presidente y el premier Zavala y propone la modificación del numeral 74.2 del Artículo Nº 74 de la Ley 27809 – Ley General del Sistema Concursal, estableciendo que las liquidaciones en marcha de las empresas se efectúen en una plazo máximo de dos años, el cual podrá ser extendido bajo una debida justificación de la Junta de Acreedores por un periodo adicional, sin que este último, contando el original, supere el total de cuatro años.


En su exposición de motivos, la iniciativa del Ejecutivo señala:

“Cabe señalar que si bien es razonable establecer un plazo límite para esta situación y no extenderla de forma definitiva, la experiencia ha demostrado que en casos de liquidaciones complejas, establecer plazos cortos y no dar flexibilidad a la Junta de Acreedores, que es la principal interesada en decidir el destino de una empresa, no es lo más adecuado. La situación se agrava cuando, como ocurre en los últimos años, se presenta un proceso de desaceleración de la economía global que puede dificultar encontrar compradores.

En todo caso, si los acreedores en cada situación concreta juzgan que es mejor para el proceso extender el plazo, contando con las mayorías de la norma, no hay razón para que esta no tenga mayor flexibilidad y que el plazo sea más amplio”.


JUNTA POSTERGA DECISIÓN
Por su parte, la Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP) decidió en su junta de esta tarde postergar para el próximo 19 y 24 de agosto la evaluación de la propuesta de ampliación del convenio de liquidación en marcha, planteado por el liquidador DIRIGE.
 
Según Rosario Patiño, presidenta de la Junta de Acreedores y representante del Ministerio de Energía y Minas ante la Junta, “el proceso busca contar con un inversionista interesado que pueda hacerse cargo de la administración de la empresa y la operación; y a su vez respete los estándares ambientales vigentes y los puestos labores; ese ha sido el acuerdo de los acreedores hasta la fecha”.