Foto: Andina.
En conferencia de prensa realizada esta mañana, el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, presentó los resultados de la supervisión a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y, según reveló, la propuesta técnica presentada por el Consorcio Nuevo Metro de Lima “fue validada irregularmente, utilizando un método muy básico”, que está generando sobrecostos sin ningún sustento técnico.

Fuente: Contraloría General de la República.


En la irregularidad, que le generaría pérdidas al Estado, estarían implicados 23 funcionarios públicos de Proinversión, la entidad que en marzo del 2014 le adjudicó la concesión del proyecto al citado consorcio, integrado por la peruana Cosapi, tres firmas italianas (Impregilo S.p.A., Ansaldo Breda S.p.A. y Ansaldo STS S.p.A) y dos españolas (Iridium Concesiones de Infraestructura S.A. y Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructura S.L.).

Dicho grupo de compañías ganó la bueno pro -del tramo que unirá Ate con el Callao en 45 minutos- tras participar en un concurso, en el que fueron el único postor. Por ello, entre los funcionarios responsables de la irregularidad figuran el Director Ejecutivo de la agencia estatal promotora de la inversión, así como otros altos funcionarios (los integrantes del Comité Pro Integración, el Gerente de Estudios y el Jefe de Asesoría Jurídica).

Todos los implicados han sido acusados de presunta responsabilidad simple y administrativa, y actualmente enfrentan una demanda en el 36° Juzgado Civil de Lima, detalló Alarcón. 

Otro de los problemas detectados por la Contraloría es que, en su primera etapa, las obras del segundo tramo del  tren eléctrico costarían US$ 156 millones adicionales sin ninguna justificación técnica sustentada. “Esto originaría que el subsidio que otorga el Estado a esta fase se incremente de US$ 39 millones a US$ 63 millones”, anotó el jefe de la entidad.

Adicionalmente, se han detectado demoras en la entrega de predios que están retrasando la ejecución de obras y, como consecuencia, el inicio de la operación. Esto genera riesgos en el incumplimiento de las metas y sobrecostos que tendrán que ser asumidos por el Estado.