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Los casos mediáticos de Cindy Contreras y Lady Guillén han encendido nuevamente los reflectores sobre lo que es una cotidianidad de impunidad. Todos los días, una mujer de cualquier edad es víctima de agresión- ya sea física o psicológica- pero no encuentra justicia, en su hogar, en su escuela, en su centro de labores e incluso en el Poder Judicial, pese a que hay una vasta normativa que sanciona la violencia de género en el país y que, según la abogada María Ysabel Cedano, es de avanzada.

De hecho, nuestro país ya cuenta con una legislación que, por primera vez, ha introducido las figuras penales de feminicidio y tentativa de feminicidio. ¿Qué está pasando, entonces? Cedano, exdirectora general de la Mujer del Ministerio de la Mujer (MIMP) y representante de la organización Demus, lo detalla en la siguiente entrevista:


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¿Cómo explicar los últimos fallos del Poder Judicial que generan una sensación de impunidad frente a la problemática de violencia contra la mujer?
Hay un patrón de corrupción y machismo que trae como consecuencia la impunidad que comentas. En estos casos y en otros que hemos identificado, hay evidencias de obstáculos de acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia sexual y feminicidio. Hay problemas de tipificación al momento que se procesan los casos. Las afectadas denuncian y muestran pruebas contundentes de que se han registrado lesiones graves y tentativa de feminicidio, pero los jueces solo dan sentencias por lesiones leves. Si en los casos citados y de tenerse las pruebas, se hubiera sentenciado como corresponde -es decir lesiones graves o tentativa de feminicidio- las penas no hubieran sido menos de 8 a 15 años de prisión efectiva

¿Qué está fallando en el proceso?, ¿es la forma en que la policía presenta las pruebas?, ¿algún procedimiento en la Fiscalía?
Esto está ocurriendo en el Poder Judicial. En esta etapa, ya se ha tramitado la investigación policial, ya se ha tramitado la denuncia por parte de la Fiscalía. Estamos hablando de deliberaciones que están en manos de los jueces, quienes están emitiendo fallos de manera injusta. Si bien, una de las primeras entradas de la víctimas al sistema de justicia son las comisarías, también están los Centros Emergencia Mujer – CEM del MIMP. Estos últimos están mostrando menos casos de feminicidio, pero un aumentado de manera grave en las tentativas de feminicidio. Esto quiere decir que se están aplicando los protocolos de medición de riesgo en violencia familiar pues antes de la Ley que crea el feminicidio, los casos quedaban como violencia familiar, pese a la existencia de lesiones graves. 

Ante un Poder Judicial que no cumple con aplicar la ley, ¿qué le queda a las víctimas?

Tanto el presidente de la Corte Suprema como el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se han pronunciado el miércoles pidiendo que se inicie una investigación por parte del Órgano de Control de la Magistratura, instancia a la que le corresponde evaluar la actuación de los jueces y encontrar por qué no valoraron adecuadamente las pruebas, como en el caso de los audiovisuales que son tan contundentes.

Además, los jueces solo se están fijando en las lesiones físicas, no realizan una adecuada valoración del daño psicológico, pese a que hay guías para medirlo adecuadamente. En algunos casos, sabemos que no se están implementando por parte del Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal por la falta de personal especializado. Aunque también ocurre que hay prejuicios de género. Los magistrados relativizan las pruebas, afirman que no hubo intención de matar y que los golpes no implican riesgo de muerte. 


¿Qué sanción le corresponde a los jueces que no aplicaron la Ley en los casos Lady Guillén y Cindy Contreras?
Hay que estar pendientes de lo que va a determinar el Órgano de Control de la Magistratura y si ellas no encuentran una respuesta correspondiente en el ámbito nacional, hay que ir a la justicia internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de parte del Estado peruano del principio de debida diligencia, de no garantizar el derecho a una vida libre de violencia según la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Queda la sensación de que los órganos de control están actuando solo por la presión mediática. 
Exacto. Desde Demus, ya le hemos entregado al Consejo Nacional de la Magistratura propuestas para unificar la formación en género de los magistrados y para que incorporen criterios de evaluación con perspectiva de género. Lo que ellos tienen avanzado ahora es que cuando un magistrado quiere ser ratificado o ascendido no debe tener denuncias ni sentencias por violencia familiar ni por pensión de alimentos. Sin embargo, hemos logrado documentar como este tipo de falta o delito se relativiza en un juez. 

¿Se requieren nuevas leyes para sancionar la violencia de género, conforme aseguran algunas congresistas?

La Ley de Feminicidio, dada en el 2011, fue modificada en el 2015, se agravaron las penas y se incorporó el feminicidio no íntimo, esto quiere decir que la sanción penal no solo recaerá en las parejas o exparejas homicidas sino también en terceros cuando median razones de género. Por ejemplo, cuando hay circunstancias en donde hay un jefe que acosa, viola y mata a una trabajadora. Las penas son severas ahora, van entre los 15 años y la cadena perpetua. ¿Qué más sanción se va a pedir? Lo que tiene que haber es una sanción para quienes no aplican bien la ley, que debe pasar incluso por la destitución.

Hay que recordar además que la Ley contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar del 2015 marca un nuevo hito en la forma en qué se procesan los casos. Las comisarías tienen 24 horas para mandar un atestado a un juez y un juez tiene 72 horas para dictar una medida de protección eficaz y luego ocuparse de investigar, valorar pruebas y sancionar de acuerdo a ley. 


Hay instancias que argumentan que esto no se aplica, de manera efectiva, porque no se publica el reglamento de la ley.
Eso es lo que está faltando ahorita, ya se pasaron 90 días desde que la ley fue aprobada. El presidente Ollanta Humala tiene que sacar el reglamento ahorita. Esa será la mejor prueba de su compromiso para evitar que esto siga pasando. El Ministerio de la Mujer coordinó con los sectores para sacar una propuesta y llevarla a Gabinete. El tema está en sus manos, al igual que el nuevo plan nacional contra la violencia de género. Yo no he escuchado al presidente Humala decirlo directamente, pero ha transcendido de que existe un resquemor porque en esta nueva ley se reconoce una protección para las víctimas lesbianas, por ejemplo, o a mujeres con diferente orientación sexual a la heterosexual. Y en el caso del nuevo plan, que contó con la consulta de la sociedad civil, en su objetivo uno indica que hay que proteger a la mujer en su diversidad: indígena, campesina, afrodescendiente, con discapacidad, pero también lesbianas, bisexuales y trans. ¿Será verdad que por una cuestión de discriminación por orientación sexual e identidad de género no van a quedar aprobadas planes y reglamentos? Son 39 organizaciones las que han participado en la elaboración de estas normas. ¿Va a quedar en manos del próximo gobierno? Si es así, el nuevo gabinete en su primera visita al Congreso debe establecer metas claras. Por ejemplo, en cuánto se van a reducir las tasas de tentativa de feminicidio, los casos de violencia.