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Un día después de que una corte del Banco Mundial (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – Ciadi) desestimara la demanda que la estadounidense The Renco Group, la principal accionista de Doe Run, presentará contra el Estado peruano con la pretensión de responzabilizarlo de la situación de insolvencia en la que cayó, el debate sobre el futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya volvió a la escena nacional.

Esta mañana, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski recordó que el plazo para la liquidación en marcha de la empresa, ubicada en la región Junín, vence el próximo 27 de agosto. Si no se logra una ampliación, el complejo tendría que cerrarse, lo que -según expertos- no solo afectaría a los trabajadores (quienes se quedarían definitivamente sin empleos) sino que abriría la posibilidad a una venta por separado de los activos, perjudicando así su valor.

Hay que prorrogar por un periodo de seis meses o un año como máximo para llegar una solución a la parte laboral, ambiental e industrial del problema”, anotó el futuro jefe de Estado. La decisión, por ahora, está en manos del Congreso.


Horas antes, el actual mandatario, Ollanta Humala, comentó que tras el fallo queda buscar una solución tanto para el complejo metalúrgico como para la población. En ese sentido, se mostró a favor de un relajamiento en los estándares ambientales mínimos exigidos a la refinería con el fin de facilitar su venta. De acuerdo con los exadministradores concursales de La Oroya, esta ha sido una de las exigencias que ha frenado el interés de compra por parte de los inversionistas.

Muchas veces hemos puesto Estándares de Calidad Ambientales (ECAS) que están por encima del primer mundo y creo que el Perú no debe moverse hacia extremos sino debe ser razonable tomando en cuenta que, nos guste o no, Perú es país minero y necesitamos, para mirar al futuro, diversificar la economía para no depender de actividades primarias como la minería”, dijo el saliente presidente tras participar en la presentación de una obra en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en San Borja.

IRA RENNERT INSISTIRÁ
Por su parte, The Renco Group, de propiedad del multimillonario Ira Rennert, calificó de “insignificante” la victoria de Perú en el citado tribunal internacional y anunció que planea presentar inmediatamente una nueva demanda en este fuero, que desestimó su anterior solicitud por motivos técnicos legales y no por cuestiones de fondo.

“De hecho, la decisión del Tribunal es una victoria insignificante para el Perú en tanto Renco planea volver a presentar inmediatamente las mismas demandas de una manera que remedie el defecto técnico legal que sirvió de base para el rechazo”, apuntó la empresa.

Renco, el principal accionista de Doe Run, inició el arbitraje en el 2011 al amparo del TLC suscrito entre el Perú y Estados Unidos, luego de que en febrero del 2009 le cancelarán sus créditos para seguir operando ante la imposibilidad de la empresa de asumir sus compromisos ambientales. La firma acusa al Estado peruano de haberla llevado a caer en la insolvencia debido a los altas exigencias que se le impusieron para seguir operando. La Oroya es una de las cinco ciudades más contaminadas del planeta.