Foto: Andina.
En los últimos cinco años, uno de los lobbies más intensos ha sido el que ha intentado frenar, primero, la ley para combatir la elusión tributaria, y luego, su aplicación. En las últimas semanas, mientras estábamos atentos a la designación del nuevo Gabinete, ha pasado bajo el radar un nuevo capítulo de las pugnas por el decreto supremo que reactivaría la ley antielusiva.

Si bien en el debate público local se le suele prestar más atención a la evasión tributaria (incumplimiento de las normas existentes), en la región y en el mundo se le ha ido poniendo cada vez más énfasis a los mecanismos que utilizan las empresas y las personas naturales para encontrar argucias que les permitan ahorrarse millones de dólares mientras “cumplen con la ley” (conocido mundialmente como “elusión” o “planeamiento tributario agresivo”). Según la OCDE, la elusión tributaria genera pérdidas globales para los Estados por unos US$240 mil millones. En las economías en desarrollo, la cifra alcanza alrededor de los US$90 mil millones.

En el Perú, luego de que unos pocos tributaristas lograron confrontar a los grandes estudios de abogados y a los gremios empresariales, en el 2012 el MEF consiguió la aprobación de la ley que le otorgaba facultades a la Sunat para ir tras los elusores. Pero tal y como con la ley universitaria, el lobby no cesó. Y bajo el paraguas de la desaceleración y la necesidad de un paquete que reactivara la economía, desde el Congreso se impulsó una norma que pospuso la aplicación de la ley hasta que un decreto supremo especificara en qué casos la Sunat podía fiscalizar y sancionar un comportamiento elusivo. ¿El objetivo? Cortarle los dientes a la ley.

Porque como muestra la experiencia internacional (en la región, Chile y Colombia incluidos, émulos del modelo peruano) y tal como recomiendan la OCDE, la Unión Europea o el propio FMI, las normas antielusivas deben ser abiertas para ser efectivas. Porque si como desea el sector empresarial local se especifican los casos (“parámetros de forma y fondo”) que la Sunat puede sancionar, los elusores –con sus estudios de abogados– encontrarán nuevas formas no especificadas en la ley para eludir impuestos bajo el paraguas de que sí están cumpliendo con las normas.

Y esta ha sido la lucha de las últimas semanas. Cómo cumplir con establecer dichos parámetros requeridos por el Congreso sin abrir la caja de Pandora para que un grupo de empresas y personas de altos ingresos continúen sacándonos la vuelta a todos los peruanos.

Si este gobierno se va sin haber emitido dicho decreto supremo, esperamos al menos una explicación consistente. Porque la norma antielusiva peruana fue construida tomando como base la mejor casuística internacional. Si no lo hace, el próximo gobierno tendrá pronto su primera prueba de fuego con el sector empresarial. Hay mucho dinero en juego.