Foto: Andina.
En estos días, el presidente Ollanta Humala recibirá del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una nueva propuesta de la norma que le permitirá a la Sunat aplicar la “Clausula General Antielusiva Tributaria”, revelaron a PODER fuentes del Ejecutivo. Se trata del marco legal que necesita la entidad recaudadora para hacer frente a las sofisticadas y artificiosas prácticas con las que grandes contribuyentes disfrazan operaciones económicas para disminuir sustancialmente el pago de impuestos.

Según el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la elusión -que ya es un problema global- genera pérdidas por US$ 240 mil millones a los gobiernos, es decir, el 10% de la recaudación mundial. En el caso de economías en desarrollo, entre las que está la peruana, lo que se deja de recaudar suma alrededor de US$90 mil millones. Es por ello que instancias como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europa han emprendido en los últimos años una cruzada para acabar con el traslado artificial de utilidades y activos a paraísos fiscales por parte de compañías multinacionales y personas acaudaladas.

En el Perú, esta es la segunda vez que durante la gestión Humala se verá el tema. La primera vez fue en julio del 2012, cuando Luis Miguel Castilla era ministro de Economía. Por aquel entonces su despacho aprobó un paquete de 18 reformas, en el marco de las facultades que el Congreso le otorgó en materia tributaria. Una de estas normas fue el Decreto Legislativo Nº 1121, que modificó el Código Tributario principalmente en un punto: creando e incorporando la Norma XVI, “Clausula General Antielusiva Tributaria”. ¿Qué le permite este marco legal a la Sunat? Exigir la deuda tributaria, disminuir saldos o créditos a favor, e incluso ordenar la restitución de los montos devueltos indebidamente al contribuyente, siempre que la entidad sustente que este se ha valido de actos artificiosos o impropios para la consecución de sus resultados.

Pronto, gremios como la Cámara de Comercio de Lima y la Confiep mostraron su férrea oposición. Mientras el MEF de Castilla defendía la necesidad de que la entidad recaudadora contara con una herramienta para enfrentar las operaciones elusivas, desde el sector empresarial se argumentaba que la norma era insconstitucional. En julio del 2014, tras un tira y afloja en el Congreso (que incluyó un informe de la Comisión de Constitución ratificando la constitucionalidad de la ley) y en momentos en los que el Ejecutivo buscaba luz verde para un grupo de medidas reactivadoras, el reclamo del sector privado logró eco entre los parlamentarios y, prácticamente, se condicionó la aprobación del citado paquete a la la suspensión de la “Clausula General Antielusiva Tributaria” hasta que el Ministerio de Economía, por decreto supremo, establezca los parámetros de fondo y forma para su aplicación.


CONTRA EL RELOJ
¿Qué es lo que buscaba el sector empresarial con esta petición? Simple, que el Ejecutivo detalle exactamente qué tipo de operaciones serán consideradas practicas elusivas, pretensión que le quitaría margen de acción a la entidad recaudadora pues abre la posibilidad a que los grandes contribuyentes busquen -mediante la planificación tributaria agresiva- sacarle la vuelta a los modelos planteados.
 
Por ello, según las citadas fuentes, en el MEF de Alonso Segura se habrían considerado entre seis a ocho escenarios genéricos, basados en la experiencia internacional de casos como el reciente del jugador de fútbol argentino Lionel Messi, sentenciado a 21 meses de prisión y al pago de US$ 2 millones en multas por fraude fiscal. También se habrían revisado los casos Neymar, Apple, Starbucks, entre otros. Además de la práctica antielusiva en las administraciones tributarias de Canadá y Australia, así como en la de Nueva Zelanda, Reino Unido e India. El objetivo es que esta vez, el mandatario le dé el visto bueno al texto y el decreto sea promulgado antes de que finalice el Gobierno. Quedan nueve días.

¿Por qué es necesario contar con una ley de este tipo? De acuerdo con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde: “necesitamos un sistema tributario en el cual el ciudadano común esté convencido de que las empresas multinacionales y las personas acaudaladas están aportando una parte razonable al erario público para el bien común”. En su discurso titulado 'Movilización de ingresos y tributación internacional: Elementos clave de las economías del siglo XXI', de febrero del 2016, la funcionaria agregó que es ampliamente reconocido que demasiadas multinacionales e individuos acaudalados se aprovechan de un sistema de imposición internacional anticuado que ya no responde a las necesidades de la economía mundial moderna.

De hecho, según calculó la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) en su documento 'Tributación para un crecimiento inclusivo' de marzo de este año, los más ricos en Perú solo pagan como impuesto el 5% de su renta, mientras que en Estados Unidos la tasa efectiva para el 10% más rico es de 14,2% y en algunos países europeos incluso excede el 20%. ¿Por qué pagan tan poco en nuestro país? De acuerdo con el organismo internacional, la recaudación se apoya principalmente en los impuestos sobre el consumo, que resultan más gravosos para los grupos de ingresos bajos y medianos. Y, en general, en la región, los sistemas tributarios  suelen estar más orientados a los ingresos laborales que a las ganancias de capital y a menudo carecen de impuestos sobre bienes inmuebles y sucesiones, de manera que se incrementa la concentración de la riqueza, que es aún mayor que la concentración del ingreso. 


INCERTIDUMBRE
El escándalo reciente de los Panama Papers -que reveló las conexiones de al menos 100 peruanos, entre empresarios, políticos, abogados, artistas y chefs con paraísos fiscales- ha puesto nuevamente en el debate la necesidad de la activación de la clausula tributaria suspendida. En abril, el jefe de la Sunat, Martín Ramos, reveló a PODER que los auditores de la entidad ya estaban recibiendo capacitación, apoyados por el Banco Mundial, el FMI, el BID, la OCDE y el CIAT, para detectar este tipo de operaciones económicas. Y que en el MEF había voluntad para quitar la suspensión a la norma antielusiva. Ahora, la decisión está en manos del presidente, que hasta ahora parece que no habría asumido el reto de dejar la norma promulgada antes de irse.

Si bien el Perú fue uno de los primeros países en plantear una legislación de este tipo, con la suspensión dada en el 2014 quedo rezagado frente a Chile y Colombia, sus pares en la Alianza del Pacífico, que en los últimos años dieron normas para enfrentar este problema global que mellaba su recaudación. El gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK) ha planteado medidas -como la reducción del IGV- para enfrentar la evasión, en un contexto en el que se esperan menores ingresos fiscales por el menor precio de los minerales. La implementación de la norma antielusiva podría darle al Estado mayor margen para obtener ingresos. Si Humala no lo hace, ¿se animará Kuczynski a poner en marcha la ley?