Foto: Andina.
Aunque cuestionó la forma en la que Pedro Pablo Kuczynski puso en agenda la urgencia de la aprobación de una ley para evitar que los activos de Doe Run se vendan por separado afectando así su valor y, con ello, a los trabajadores, la legisladora fujimorista Cecilia Chacón adelantó que su partido probablemente votará a favor de la iniciativa en el Parlamento.

“Sí. Es verdad que se necesita una ley y nosotros lo más probable es que la aprobemos, pero esas no son las formas, (Kuczynski) tiene que aprender que ya no es candidato”, comentó la reelecta parlamentaria de Fuerza Popular en entrevista con el programa 'Primer plano' de Willax TV.

El seis de julio, en uno de sus primeros viajes como presidente electo al interior del país, el líder de Peruanos por el Kambio (PPK) llegó a La Oroya, en Junín, y en un evento en la plaza principal de la ciudad le pidió a los trabajadores de Doe Run “marchar hacia el Congreso” para conseguir la prórroga del plazo de liquidación del complejo metalúrgico, el cual vence el próximo 27 de agosto. 

“Ustedes saben quién controla el Congreso (en referencia a la mayoría fujimorista). Hagamos una marcha y no dejen morir La Oroya”, dijo. La invocación fue tomada como una amenaza por representantes de Fuerza Popular como Martha Chávez y Pedro Spadaro, mientras que los trabajadores descartaron la posibilidad de una movilización pues no es la solución que Kuczynski les prometió durante la campaña.

Si hasta la fecha citada, no se emite una norma que extienda el límite, los activos de la refinería se venderían por partes, lo que les restaría valor y afectaría su modernización. Actualmente, según exadministradores concursales de Doe Run, citados por el diario Gestión, su valor en operación oscila entre los US$ 700 millones y US$ 800 millones, mientras que el complejo paralizado alcanzaría los US$ 400 millones. De hecho, según la misma publicación, hay seis empresas interesadas en los activos de la refinería, de los cuales cuatro pretenden adquirir juntas La Oroya y la mina Cobriza, ubicada en Huancavelica, y dos estarían detrás solo de la mina.

¿Por qué hasta ahora no se vende la operación? Para los postores, las exigencias ambientales la encarecen, por lo que aguardan un posible relajamiento durante el mandato de PPK, de tal forma que se haga viable su inversión. Al respecto, el confirmado presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dijo que esperaría la designación del ministro del Ambiente para llevar al Congreso una ley acorde con el proceso concursal que logre consenso. 

La Oroya está considerada como una de las cinco ciudades más contaminadas del mundo por sus altos niveles de plomo en el aire. Doe Run, la firma estadounidense que en 1997 se hizo de la buena pro de la refinería y la mina, se comprometió  a implementar un programa de remediación ambiental, pero nunca lo ejecutó. En el 2010, luego de que la operación fuera declarada en insolvencia, se instaló una junta donde el Estado peruano es uno de los principales acreedores. Desde entonces, han pasado tres empresas liquidadoras y hasta ahora ninguna ha logrado concretar la venta del complejo. Primero fue Right Business, luego Profit y ahora Dirige. Además de la modificación de los Estándares de Calidad Ambiental, la flexibilización laboral y la remediación de los suelos son otros de los temas que enfrentan a los liquidadores con las empresas interesadas.

Si bien el nuevo jefe de Estado ha abogado por una nueva ampliación del plazo, para los trabajadores del complejo eso no sería suficiente pues continuarían sin trabajar y en incertidumbre. Ellos exigen la venta de la operación en marcha solo así conservarían su empleo. Alcanzar una solución para esta problemática sería la primera prueba de fuego para el nuevo premier y su gabinete. De lo contrario, podría desatarse un conflicto social.