Foto: Andina.
Puerto Varas, en Chile, fue el escenario de la imagen más compartida este viernes: los presidentes de México, Chile, Colombia y Perú posaban para la foto de clausura de la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico. Una de las últimas actividades oficiales del presidente Ollanta Humala. Unos kilómetros más cerca, en Lima, otro era el centro de debate en las redes sociales: el colectivo que reúne a las diversas organizaciones LGTBI no logró la autorización de la Municipalidad de Lima para realizar el cierre de la Marcha del Orgullo en la Plaza San Martín este 2 de julio.

¿Por qué otro tipo de iniciativas si logran la anuencia del alcalde Luis Castañeda para hacer uso de este emblemático espacio público? La respuesta puede estar en la postal en Chile. A diferencia de los demás países que integran la citada alianza, Perú es el que más ha postergado el reconocimiento de los derechos fundamentales a la población LGTBI. En Colombia, por ejemplo, ya es legal el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. En Chile, se aprobó el año pasado la Unión Civil; y en México, está permitido solo en algunos estados, por ello en mayo de este año el presidente Enrique Peña Nieto anunció que presentará un proyecto de reforma constitucional para que el matrimonio homosexual sea legal en toda la nación. 

En nuestro país, la Unión Civil estuvo en debate durante los últimos cinco años, pero nunca vio la luz. El rechazo a la propuesta fue férreo entre la mayoría de los legisladores que terminaron mandando el texto al archivo. El propio presidente Humala nunca fue claro sobre su posición frente a la norma. Y no fue el único proyecto a favor de esta población que no logró respaldo en el Legislativo. La ley contra los crímenes de odio por razones de orientación sexual e identidad de género también tuvo una fuerte oposición. En el 2013, 73 legisladores en el Pleno votaron en su contra.

LO QUE SE VIENE
La concentración para la marcha de este sábado, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI, es a las 3 p.m. en el Campo de Marte. Los organizadores han anunciado en redes que “gritarán por un país más igualitario”. La buena noticia es que esta vez sí tendrán eco. De acuerdo con Vero Ferrari, activista y especialista en derechos LGTBI, si en el Parlamento que se va, este 28 de julio, había entre seis o siete congresistas apoyando las causas LGTBI, “en el nuevo Congreso habrá como 40”. No solo es el número. A diferencia de lo que ocurría en el Legislativo anterior, dos de las bancadas más importantes llevan en su agenda varias iniciativas legislativas a favor de este colectivo. Una de ellas es la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), el partido de gobierno. La otra es el Frente Amplio, el segundo partido con mayor número de escaños en el Pleno.

Alberto de Belaunde, congresista electo por PPK, detalló a PODER que son dos los proyectos que impulsará su agrupación: la ley contra los crímenes de odio y la Unión Civil. Ambas, están en el plan de gobierno del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. En el primer caso, además de elevar las penas, también se incluirá un enfoque preventivo, y se determinará un tratamiento procesal y judicial adecuados pues cuando ocurren hechos de este tipo no solo los familiares resultan afectados, también hay un impacto en el colectivo con el que se identificaba la víctima.

En lo que respecta a la Unión Civil, la bancada de gobierno buscará que las parejas del mismo sexo sean reconocidas como familia y protegidas por todas las leyes a las que acceden estas, desde los derechos patrimoniales, sociales hasta las normas de protección contra la violencia familiar. Belaunde, que es miembro de la comunidad LGTBI, también tiene una iniciativa que promoverá a título personal: la ley de identidad de género. “El cambio de nombre (de una persona que ha decidido cambiarse de sexo) no tiene por qué derivar en un proceso judicial, en una controversia en la que el Estado se opone”, anotó.

Para estas mejoras, el camino es el Parlamento. Pero hay otras que se harán desde el Ejecutivo, anunció. La inclusión de la población LGTBI en el Plan Nacional de Derechos Humanos, la creación de un registro para personas LGTBI víctimas de violencia, acciones para evitar la discriminación en los servicios de salud y la promoción de ordenanzas municipales contra la discriminación mediante el programa de incentivos municipales figuran en el programa de PPK.

Desde el lado del Frente Amplio, la apuesta es más audaz. La parlamentaria electa, Indira Huilca, explicó a PODER la razón: “No se trata de plantear proyectos para disfrazar la situación. Nosotros apostamos por el reconocimiento integral de los derechos”. Por ello, uno de los objetivos de la agrupación será poner en debate el matrimonio igualitario, de tal forma que las parejas no solo puedan disponer de su patrimonio, sino también que sean reconocidas como familias y que sean incluidos en los censos del Estado para facilitar la implementación de políticas públicas que las beneficie.

Huilca aclaró que el tema de la adopción, bajo este régimen, no se ha discutido profundamente al interior de la bancada, pero personalmente ella considera que sí debe incluirse. En lo que sí coinciden Frente Amplio y PPK es en sacar adelante la ley de crímenes de odio y la ley de identidad de género. La primera que podría debatirse es la de crímenes de odio, que ya está lista en el Congreso, adelantó.

Desde el Parlamento, la agrupación por la que tentó a la presidencia Verónika Mendoza, también planea -como oposición- fiscalizar las acciones del nuevo gobierno en salud y educación. En salud, Huilca señaló que no hay una estrategia clara en lo que es la atención de infectados con VIH. “Hay la sensación de que se hubiera parado, pero no es así, se está recrudeciendo y preocupa”, sostuvo. En educación, falta que la estrategia contra el bullying, que lidera el Ministerio de Educación, incluya el factor de la orientación sexual, agregó.

"Fuerza Popular no tiene una posición de bancada y se ha optado por dejar que cada legislador hablé a conciencia", comentaron a PODER fuentes cercanas al partido. No se sabe si apoyarán o no alguna iniciativa de reconocimiento a las personas LGTBI. En la primera vuelta,  desde Harvard, Keiko Fujimori se mostró a favor de la Unión Civil, pero durante la segunda vuelta cambió de parecer y firmó un compromiso en contra de esta propuesta para ganarse el voto de las comunidades evangélicas. Sin embargo, cualquier proyecto que se plantee va a tener que acercarse a esta agrupación pues con sus más de 70 legisladores domina, por ahora, el Pleno.

En Acción Popular aún no hay una posición, indicó el congresista electo Edmundo del Águila. Pero recordó que cuando fue candidato a la alcaldía de Lima firmó un acta que lo comprometía, de llegar al sillón municipal, a elaborar políticas públicas que protejan a las personas LGTBI. Adelantó que este es un tema sensible, que se conversará con los demás legisladores del partido. Evitó adelantar si estaba a favor de la Unión Civil o el matrimonio igualitario. Solo sostuvo que “los grandes cambios se trabajan de a pocos”.