Foto: gerens.pe
Este miércoles se promulgó la ley que permite a un trabajador, de cualquier edad que aporta a una AFP, destinar el 25% de lo que haya acumulado en su fondo a la compra de una vivienda o a la amortización de una deuda hipotecaria. La norma había sido observada por el presidente Ollanta Humala, quien la consideró antitécnica y anticonstitucional, pero el Congreso insistió en su aprobación, por lo que al jefe de Estado no le quedo otra que disponer su publicación en el diario oficial El Peruano. 

Para el saliente premier Pedro Cateriano, con esta nueva normativa se está hiriendo de muerte al sistema privado de pensiones y se está complicando al Estado peruano, que en el futuro no tendrá capacidad para seguir financiando pensiones. El tema es una papa caliente para el nuevo gobierno, por lo que ya está en su lista de prioridades, revela Giovanna Prialé, economista de la Universidad del Pacífico, exfuncionara de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y excandidata al Congreso por Peruanos por el Kambio (PPK). El primer paso será formar una comisión técnica que recoja información sobre el mercado laboral, la cual será diferenciada por regiones, para plantear productos previsionales acordes con las necesidades de los trabajadores. La reforma será integral pues incluirá al sistema de las AFP, la ONP y Pensión 65. A continuación los detalles:



¿La Ley que permite el uso del 25% de los fondos de AFP para vivienda está hiriendo de muerte al sistema privado de pensiones, conforme lo afirma el premier Pedro Cateriano?

Entiendo su posición, a la construcción del fondo de pensiones se le está restando el dinero acumulado para la jubilación, que era el único fin del sistema. Pero dada la coyuntura, con muchas quejas por parte de los pensionistas y de los trabajadores afiliados pues el empleo en el Perú no tiene la regularidad que permita construir un ahorro para una pensión de calidad; con mucha gente con fondos pequeños y otros que han logrado acumular un ahorro, pero que no tienen vivienda, en un país donde acceder a una vivienda es costoso, la medida debe ser tomada como transitoria. Pagar un alquiler es un gasto y si el afiliado llega a los 65 años sin haber comprado una casa o un departamento, va a tener que seguir viviendo en un lugar alquilado y lo más probable es que el dinero de la pensión no le alcance.

Hay expertos que califican a esta norma como populista.

Debemos ponernos en los zapatos de los legisladores que la impulsaron, que son básicamente Yonhy Lescano y Jaime Delgado, quienes han escuchado las demandas de los jubilados y los trabajadores aportantes, y que han intentado -de alguna forma- responder a sus urgencias. Evidentemente, yo lo tomó como una medida transitoria para atender las necesidades de esa población que no tiene una casa propia y ya tiene 45 años de edad o 50 y quisiera tener una propiedad para no vivir urgencias a partir de los 65. Sin embargo, debe quedar claro que el compromiso y la responsabilidad del nuevo gobierno es construir una verdadera reforma integral de pensiones, donde el aportante pueda ver que su dinero va ganando rentabilidad, tomar decisiones sobre en qué activos invierte su fondo y hacer el seguimiento a la construcción de su pensión.

Cuando dice que la vigencia de la ley debe ser temporal, ¿se refiere a tres, cinco o 10 años?

La norma ya se dio y está generando expectativas en la población que la ve como una opción de ahorro, eso es un tema importante. No hay que perder de vista que el consumidor peruano es cada vez más exigente y que, una vez que ha sido incluido en el sistema financiero, toma decisiones analizando las mejores opciones. Por ello, este proceso debe ir acompañado de un fortalecimiento de la educación y competencias financieras de los trabajadores. Con esto, las medidas del retiro del 95,5% del fondo y del uso del 25% encajan en la forma en que las personas quieren construir su jubilación.

Ahora, más que poner un número de años, la implementación de la ley debe ir acompañada de la formación de una comisión especializada -como existió en Chile dos veces- para entender las necesidades de la población y construir productos previsionales que se les adecuen. 


¿Qué es lo primero que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se dispondrá en el tema previsional?

Ahorita se están conformando las comisiones de transferencia, que en el caso de economía está a cargo Alfredo Thorne y obviamente, como ya lo ha dicho el mismo Pedro Pablo (Kuczynski), el tema de las pensiones es una prioridad porque no puede ser que solo cuatro millones estén afiliados y el resto no tenga ningún tipo de cobertura.

Y de esos cuatro millones de afiliados, apenas dos millones y medio aportan regularmente

Exactamente, por eso el primer paso será recabar la información, labor que hará la comisión técnica de expertos. Sus objetivos serán analizar el mercado y definir cuáles van a ser las mejores opciones para atender las necesidades de la población. Esto es lo que ha faltado hasta ahora, poner en blanco y negro el comportamiento del mercado laboral en cuanto a la generación de ingresos. En segundo lugar, hay que entender que la situación es diferente en cada región. La forma en que se generan los ingresos en el oriente es distinta a lo que ocurre en la sierra central o en la costa norte. Conocer esto ayudará para no dar una medida al aire. Asimismo, hay que trabajar muy fuerte para que los nuevos productos previsionales tengan cierta liberalidad, así los afiliados con determinadas condiciones y un mínimo asegurado para la pensión podrían seguir retirando de su fondo, unos los harán para fines de vivienda y otros podrían disponer de hasta el 100% si tienen una enfermedad terminal y no tienen herederos. Hay que entender que además de la construcción de la pensión, hay coyunturas que deben tomarse en cuenta.

El Gobierno de Humala también formó una comisión de expertos para este tema al inicio de su gestión. Tomó cerca de un año tener la propuesta lista y al final el Congreso aprobó una reforma diferente.

Fue una comisión que no tenía las herramientas para hacer un estudio de mercado, que es lo que se necesita. La comisión Bravo en Chile hizo una encuesta nacional de microdatos, que logró información sobre cuánto gana la gente, con qué frecuencia, cuántas veces aporta al mes, se contemplaron las diferencias por regiones, se preguntaba también a qué edad se jubilan, qué enfermedades tuvieron, si tienen una vivienda o viven con los padres o alquilan. Este tipo de información no se trabajó en el Perú. Lo que hizo el grupo que mencionas fue recoger experiencias internacionales novedosas, tratar de mirar un poco la realidad peruana, pero nunca hemos hecho el esfuerzo de ver si el informal peruano tiene capacidad de ahorrar, sabemos que sí, pero probablemente lo hace en el corto plazo con la finalidad de tener fondos de emergencia o no confía en el sistema financiero porque cree que su dinero solo lo va a tocar a los 65 años, entonces prefiere ahorrar en su casa o comprarse un auto. Lo que hará la (nueva) comisión de expertos es recoger esta microdata para sobre su base plasmar y articular las funciones que deben tener la ONP, las AFP, los nuevos productos previsionales que se creen y Pensión 65.

¿Se le otorgará una especie de mandato o atribuciones a esta comisión para que su propuesta final sí se haga realidad?

Definitivamente, sí. La comisión pasada, que estuvo integrada por gente muy competente, incluso propuso la reforma de la ONP, pero esto fue dejado de lado. La idea es que lo nuevo que se haga se refuerce, cuente con los mecanismos para que su debate sea público y finalmente se tome en cuenta para las recomendaciones de política.

¿Se ha previsto un plazo para el inicio del trabajo de la nueva comisión y quienes la conformarían?

Eso lo va a definir Alfredo (Thorne), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, el va a definir las exigencias, la conformación de la comisión, el plazo de trabajo, quiénes la conformarían, pero que no quede duda que será una reforma integral y consistente, que involucrará tanto a la ONP como a las AFP y a Pensión 65.