Foto: La República.
Hace un año parecía que el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones generales sería inevitable. Las razones que se esgrimían eran, de un lado, la llamada “renovación” del fujimorismo gracias a un trabajo sostenido de la lideresa de Fuerza Popular –que estaba “construyendo partido”–, y de otro, el agotamiento de las demás agrupaciones políticas con representación en el Congreso, ahogadas en diversos escándalos, acusaciones y enfrentamientos de opereta. A lo que se agregaba la eterna división de las izquierdas, enfangadas en debates incomprensibles para los no iniciados. Por último, la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski flotaba en un segundo lugar que parecía fácilmente desplazable por cualquiera que viniera detrás.

Doce meses más tarde, Keiko Fujimori ha sido derrotada por PPK en una reñidísima segunda vuelta gracias al vigente y renovado antifujimorismo, al respaldo de variados actores políticos y sociales y al inesperado apoyo que le dio la nueva lideresa de las izquierdas Verónika Mendoza, cuya agrupación política, el Frente Amplio, es la segunda fuerza en el Congreso de la República. Mendoza, que ya había lanzado duros mensajes contra el posible retorno del fujimorismo desde la primera vuelta, optó una semana antes de los comicios por llamar abiertamente a votar por quien durante décadas ha sido considerado uno de los principales enemigos de la izquierda peruana.

Así las cosas, el Perú enfrentará un escenario inédito. El Poder Ejecutivo estará en manos de PPK y el Poder Legislativo en las de Fuerza Popular. Esta coyuntura no es vista como un serio problema por la mayoría de analistas de derecha y la derecha en general: dada la convergencia programática de ambas agrupaciones, una alianza o incluso un cogobierno serían factibles. Pero eso es creer que el Perú es Francia y que sus fuerzas políticas son partidos sólidos que responden a cálculos por completo racionales. Como sabemos, las cosas no funcionan así en la política peruana, y por eso en los últimos días hemos oído declaraciones altisonantes de los voceros del fujimorismo, exigiendo pedidos de perdón y hablando de heridas profundas, como si la política fuera la relación de una pareja en problemas, cuando en realidad estamos hablando del poder y de cómo se administra.

PPK no la tiene fácil: necesitará los votos del fujimorismo para aprobar ciertas leyes clave e impulsar reformas. Y debe, a la vez, obtener el respaldo de las demás fuerzas políticas, para hacer contrapeso en el Parlamento. Sin embargo, para Keiko Fujimori la cosa también está complicada: si llega a un acuerdo de alianza o cogobierno con PPK, cargará con los pasivos de la misma ad portas del proceso electoral regional y municipal del 2018 que aspira a ganar -al igual que el Frente Amplio-. Si no se sienta a la mesa, estará condenada a ser una oposición dura y obstruccionista, lo que no necesariamente será saludado por una ciudadanía que desconfía totalmente del Congreso de la República y que, de modo paralelo, le exigirá al fujimorismo que cumpla con algunas de sus promesas de campaña, que son exclusiva responsabilidad del Parlamento. Sería una auténtica paradoja que, si el bloqueo llega a mayores y se pasa a la censura de gabinetes, el presidente se vea obligado a disolver el Congreso. Lo mismo hizo Alberto Fujimori en el autogolpe de 1992, con la diferencia de que esta vez dicha medida se haría aplicando la Constitución que heredamos de aquel golpe de Estado. 

Vistas así las cosas, el gran desafío que se le presenta al fujimorismo es demostrarle al país si verdaderamente va a apostar por la gobernabilidad democrática o si va a confirmar las sospechas del electorado que eligió a PPK, la mitad más uno que considera que, antes que un partido político interesado en el bienestar del país, es un aparato que busca aprovecharse de los recursos públicos para fines privados, asociado para ello con el crimen organizado y el narcotráfico. En otras palabras, el fujimorismo de siempre.

* Javier Torres es director de Noticias SER.

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