Foto: Can/PCM.
Siete años después de haber solicitado su adhesión, finalmente el Perú se encuentra en la recta final en su proceso de incorporación como miembro pleno al Grupo de Trabajo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Para ello, una delegación, liderada por el Fiscal de la Nación y presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Pablo Sánchez, viajará a París, Francia, donde detallarán las acciones que ha implementado el Estado peruano para adecuar la legislación nacional a los estándares exigidos por el organismo internacional.

En un comunicado, la CAN, instancia adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, detalló que el grupo peruano hará su sustentación final, durante la sesión del viernes 17 de junio, ante los representantes de los 34 países miembros de la OCDE y los siete países no miembros en la sesión del citado grupo de trabajo. En la misma fecha, también sustentarán sus solicitudes de adhesión Costa Rica y Lituania.

Ese mismo día, los miembros del Grupo de Trabajo evaluarán y someterán a votación los pedidos de los tres países. La incorporación formal del Perú se efectuará en el mes de octubre.  Si bien las sustentaciones son el viernes 17, las reuniones de esta instancia antisoborno iniciaron este lunes 13.

LO QUE SE TUVO QUE MEJORAR
Fue en el 2012 que en respuesta a la solicitud del Estado peruano, el Grupo de Trabajo Antisoborno expresó su preocupación sobre la capacidad del Perú para cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención Antisoborno del grupo que reúne a las economías de mayor PBI per cápita del mundo. 

Dichas observaciones estaban referidas a: 1) la regulación del decomiso del valor del producto del soborno, 2) la incorporación de multas para las personas naturales en el delito de cohecho internacional y 3) la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas.

A partir de estas recomendaciones, se implementaron las acciones necesarias para superar las observaciones. Primero, se modificó el artículo 102 del Código Penal, mediante la Ley N° 30076, con el fin de introducir en nuestra legislación penal el decomiso del valor de los bienes ilícitamente obtenidos, así como la incorporación, mediante la Ley N° 30111, de la sanción pecuniaria para los delitos de corrupción.

Posteriormente, en el mes de abril, se cumplió con el último requisito exigido con la promulgación de la Ley N° 30424, la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, el cual recoge los estándares de la Convención Antisoborno y demás documentos conexos de este organismo internacional, además de las experiencias comparadas de Chile, España, Italia, entre otros. 


“Tras dos años como participante, el Perú está listo para presentarse y sustentar las razones que justifican su incorporación como miembro pleno del Grupo de Trabajo Antisoborno y, en consecuencia, para adherirse la Convención para combatir el cohecho en las transacciones comerciales internacionales de la OCDE, lo que nos permitirá compartir e intercambiar experiencias exitosas y buenas prácticas en este ámbito con países del primer mundo”, aseguró la CAN. 


La incorporación del Perú a esta instancia constituye un paso fundamental y necesario para su ingreso a la OCDE.