Foto: Andina.
Por Daniel Ávila

Durante gran parte de la campaña electoral por la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski incluyó en su discurso político un fuerte mensaje de lucha contra el narcotráfico, y en contra de sus problemas conexos. El plan de gobierno de su partido, Peruanos por el Kambio (PPK), aborda dicha problemática, por ejemplo, con metas concretas en reducción de la producción y comercialización de drogas cocaínas.

Pero si bien parece que Kuczynski y su equipo tienen una visión clara sobre lo que se debe hacer frente a este mercado negro, junto con sus connotaciones socioeconómicas, ¿conocen de lo que ha venido haciendo en estos últimos años la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) para no dejar de considerarlo cuando se planeen lineamientos? O ¿tienen planeado modificar algunas de las políticas aplicadas por este organismo?

PODER conversó con el jefe de Devida, Alberto Otárola, quien preside dicha institución desde mayo del 2014, a propósito de la llegada del equipo de PPK a la presidencia a partir de julio. El funcionario recomendó una serie de medidas al próximo gobierno, pero sobre todo, continuar con lo que él considera “las políticas públicas exitosas de lucha contra las drogas”.

De acuerdo con el funcionario, el gobierno de Ollanta Humala deja una “valla alta”, ya que Devida ostenta algunos indicadores que pueden entenderse como “éxitos muy concretos” en contra del tráfico ilícito de drogas (TID). Entre ellos: reducción de 110 mil hectáreas erradicadas -más de 82 mil durante su gestión-; US$ 250 millones en divisas por concepto de exportación de café y cacao -cultivos alternativos producidos por excocaleros-; y logros en prevención, control del índice de consumo y duplicación del presupuesto para tal labor.

Asimismo, la presencia del Estado en las regiones cocaleras se ha reforzado con la construcción de más de 1500 kilómetros de caminos y carreteras. También se ha logrado mantener la oferta de asistencia social y técnica, de seguridad territorial, de tecnología para substitución de cultivos, la entrega de 55 mil títulos de propiedad a cocaleros, y el aumento del presupuesto del mismo Devida. Todo ello podría resumirse en continuar con el paradigma del Desarrollo Alternativo, modelo que ha recibido el positivo reconocimiento de las Naciones Unidos.

Por ello, para Otárola el nuevo gobierno debe ingresar “con toda la energía y con todo el apoyo” a los focos en los que aún existe la siembra de coca ilegal. De esta forma, si continúa con las políticas que el actual gobierno ha promovido, en un año más el problema ya no será la coca ilegal, sino los temas de interdicción y rutas [de traslado de la droga], anotó.

En el caso de las operaciones ilícitas, en especial el TID, 'blanqueado' a través del lavado de activos, el funcionario consideró fundamental el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Esta debe ser una entidad independiente de la Superintendencia de Banca y Seguros”, sostuvo.

TAREA PENDIENTE
Los esfuerzos de Devida han estado centrados en el primer eslabón de este mercado, conformado por los productores de hoja de coca (sector de agricultores peruanos que han estado olvidados durante mucho tiempo por el Estado) y en el trabajo preventivo, el cual es efectivo en la medida en que se le compara con los índices de consumo de drogas cocaínicas y cannábicas en otros países de la región (labor que viene de muchos años atrás).

Por otro lado, si bien se ha evitado la agudización de los conflictos sociales, no hay que subestimar algunos sucesos del 2015: los potenciales efectos del decreto legislativo 1241, el cual sanciona la resiembra de coca, decreto por el cual los cocaleros de Aguaytía (Padre Abad, Ucayali) se levantaron en paro en el 2015. Asimismo, el paro de 13 mil agricultores y cocaleros en Ayna y Kimbiri de julio del año pasado, en el que el Fepavraem demandó la reformulación del modelo de reconversión productiva (parte del Desarrollo Alternativo). Y el paro en Constitución (Oxapampa, Pasco), que ocasionó la pérdida de una vida en julio del mismo año.

Las políticas que Devida ha venido liderando han sido efectivas en los lugares donde se han aplicado, pero quedan sectores de agricultores y cocaleros que siguen esperando alternativas de vida y trabajo para no seguir siendo criminalizados.