Foto: Andina.

Pocos de los hogares privilegiados que en Lima e Ica se benefician con los precios bajos del gas natural conocen que hasta hace poco más de 20 años este combustible amigable con el ambiente llegaba gratis a las viviendas de Talara, en Piura, distribuido por la Internacional Petroleum Company (IPC), firma estadounidense que entre 1915 y 1968 explotaba los por entonces ricos pozos petroleros de La Brea y Pariñas.

El servicio fue suspendido entre 1995 y 1996, por recomendación de Defensa Civil debido a que la falta de mantenimiento en las tuberías ponía en riesgo a la población. Hoy, la próxima concesión a una empresa privada del servicio de distribución de este recurso natural, lejos de hacer realidad un postergado anhelo de los piuranos, está a punto de desencadenar un conflicto social en la zona, advirtió a PODER el alcalde de Talara, José Bolo Bancayán.

¿La razón? Las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo el proceso de masificación del gas natural en la región, a cargo del Ministerio de Energía y Minas y con un solo postor: la empresa Gases del Norte (Gasnorp), del grupo colombiano Promigas -que como veremos más adelante ya participa en las concesiones de regiones clave en la costa peruana- viene causando preocupación no solo en autoridades locales, sino también en congresistas, empresas de la zona (Petroperú y Eppsa), así como en expertos y trabajadores.

¿Qué cuestionan? Pese a que en reciente procedimiento de fijación tarifaria, Osinergmin bajó de S/ 14,60 a S/ 12,60 el costo que pagarían los usuarios residenciales, siempre y cuando se asegure a la central térmica de Malacas (a cargo de Eppsa) como cliente del concesionario; o en S/ 16 (antes era S/ 17) el pago sin la demanda de la central, expertos como el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, consideran que los precios propuestos no corresponden a la realidad de la región, que ya ha contado con el servicio décadas atrás.

¿MÁS CARO QUE EN LIMA?
Sobre todo porque a este costo falta sumarle los US$ 232 que tendrán que asumir las familias talareñas, al inicio de la conexión y por única vez, por la tubería que transportará el gas natural a sus viviendas y por el medidor, “monto que podrá ser cancelado de inmediato o financiado hasta en 10 años”, precisó el organismo regulador el pasado 21 de abril al anunciar los nuevos precios.

La inversión no solo sería onerosa para un consumidor residencial que antes recibía gratis el servicio. Según cálculos del expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, mientras el tendido de redes para abastecer a una vivienda en Lima le cuesta, en promedio, US$ 1.000 al consorcio a cargo de la distribución, en Piura se tendría que desembolsar US$ 3.000. Esto debido a que la estimación de la tarifa para los hogares no es el mayor problema que enfrenta este proyecto de concesión.

Para que la masificación, tal y como la ha planteado Gasnorp, sea viable se requiere asegurar a grandes clientes, cuya demanda garantice no solo el retorno de la inversión -estimada preliminarmente en US$300 millones- sino también la posterior rentabilidad del negocio. Para ello, en su propuesta tarifaria, la firma de capitales colombianos (dueña del 40% de Cálidda, concesionaria de la distribución de gas domiciliaria en Lima) ha planteado como clientes a la estatal Petroperú y la Central de Malacas, de la Empresa Eléctrica de Piura (Eppsa).

No es lo único. La subsidiaria de Promigas también requeriría hacer uso de los ductos de transporte de gas que actualmente son propiedad de Eppsa, empresa que los adquirió en 1996, en el marco del proceso de privatización de las instalaciones de gas natural ubicadas en la región como “negocio en marcha”, el cual incluyó a centrales térmicas (entre ellas, Malacas), dos plantas de procesamiento de gas por absorción y una planta de destilación.

SOBRECOSTOS, RIESGOS Y EXPROPIACIONES
La firma, del grupo italiano Enel, consideró a este último escenario como una expropiación. En el informe legal Nº 033 – 2016 (difundido por el La República el 26 de enero del 2016) enviado a Osinergmin, argumentó que no se le puede despojar de su propiedad. La posibilidad, en realidad, fue planteada por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) con el fin de hacer sostenible la concesión pues la construcción de nueva infraestructura implicaría un encarecimiento de las tarifas para los usuarios residenciales.

Por su parte, Petroperú en un oficio del 28 de enero del 2016 dirigido al gerente adjunto de Osinergmin -y al que tuvo acceso PODER- manifestó su desconformidad con la posibilidad de pasar a un sistema de compra de gas regulado, es decir a tener un solo proveedor, que sería Gasnorp, con una tarifa regulada pues actualmente la empresa estatal compra el combustible que necesita a precio de mercado. No tiene un solo proveedor, sino varios, pues los contrata según sus necesidades operativas y escoge al que le ofrezca el precio más competitivo.



Juan Castillo Mori, presidente de la Coalición de Sindicatos de Petroperú y también talareño, indicó a PODER que estas medidas solo buscan garantizar la rentabilidad del proyecto, en desmedro de la rentabilidad de la petrolera de capitales nacionales. Además, pone en riesgo la viabilidad de la modernización de la Refinaría de Talara, cuyos costos podrían aumentar si el suministro de gas natural se encarece. Esto debido a que si finalmente se expropian los tubos de transporte a favor de Gasnorp, se tendría que pagar no solo por el combustible, si no también un peaje por el traslado.

Además de los trabajadores, la congresista Marisol Espinoza y vicepresidenta de la República también ha cuestionado la posible trasferencia de los ductos, activos de Eppsa, a Gasnorp pues coincide con Castillo Mori en que se trataría de una expropiación que afectaría al Estado peruano. Según explicó César Gutierrez, si finalmente el Minem opta por aprobar esta operación, se vulneraría un contrato ley (el que le otorgó a Eppsa la propiedad de dicha infraestructura) y la empresa podría demandarnos ante el CIADI, el tribunal internacional del Banco Mundial que resuelve disputas entre gobiernos e inversionistas, e incluso ganar el caso.

ZONAS PRODUCTORAS EXCLUÍDAS
El tercer factor cuestionado es la cobertura. Osinergmin detalló en su Informe Nº 0258-2016-GRT que Gasnorp, en su plan de desarrollo inicial aprobado por el Minem para los primeros ocho años de operación comercial, ha establecido la distribución a solo 64.000 viviendas de las principales ciudades: Talara, Piura, Paita, Sullana y Sechura, es decir apenas al 12% de los hogares de una región de casi dos millones de habitantes.

Castillo Mori, del sindicato de trabajadores de la petrolera estatal, advirtió que se están excluyendo a los distritos productores El Alto (donde están los Lotes II y XV a cargo de petrolera Monterrico S.A. y el Lote X, a cargo de Petrobras Energía Perú S. A.) y Los Órganos (Lote V, a cargo de Graña y Montero Petrolera S. A.).

“De las 64.000 conexiones, solo 8.000 estarán en Talara, que es el distrito productor. Va a pasar lo mismo que en Camisea (Cusco), la zona donde se extrae el gas natural no accede a sus beneficios, se repite la maldición de los recursos naturales”, sostuvo el representante sindical. Actualmente, las petroleras que operan en la zona al extraer crudo también obtienen gas natural, pero ante la falta de demandan lo liberan al ambiente.

El alcalde de Talara, Bolo Bancayán, está convencido de que este va a ser el detonante de un nuevo conflicto social. Ya en febrero, la Defensoría del Pueblo ubicó el descontento suscitado en Piura por la próxima modernización de la refinería de Talara como uno de los cinco conflictos más riesgosos que enfrenta el país, por lo que requiere de atención urgente.