Foto: PUCP.
Para el exjefe de la ONPE y doctor en Ciencias Sociales, Fernando Tuesta Soldevilla, las urnas han castigado a los partidos de mayor trayectoria en el país que llegaron a ser gobiernos democráticos por el resultado de sus gestiones, las cuales son asociadas por la población a personas. Son lo casos del Apra y Perú Posible, por ejemplo. La única excepción es la agrupación de los Fujimori, que parece tener cautiva la preferencia de uno de cada cuatro peruanos. 

Por lo demás, gran parte de los electores busca algo nuevo y distinto. A continuación un breve balance de los resultados de la primera etapa de estas elecciones y del rol que las organizaciones políticas y los organismos electorales jugaron.

Los partidos llamados “tradicionales” han terminado con resultados “catastróficos”, según lo han admitido los propios militantes, ¿cómo interpreta esta situación?
Los partidos que han estado en el poder en los últimos 50 años han logrado todos juntos 10 escaños (cinco, Acción Popular y cinco, la unión del Apra con el PPC). Este es un fracaso no solo de las agrupaciones políticas llamadas “tradicionales”, término que no me gusta usar porque fue acuñado por el fujimorismo despectivamente. Me refiero a todos aquellos que fueron gobiernos en épocas democráticas, no al fujimorismo: Acción Popular con Fernando Belaunde, Apra con Alan García, el Partido Nacionalista con Ollanta Humala, Perú Posible con Alejandro Toledo, y también al PPC que no fue gobierno, pero formó parte de algunos. Esto refleja la evaluación que hace la gente sobre el desempeño de cada gestión pues se trata de mandatos que terminaron mal. Y como se trata de una elección centrada en las personas, estas arrastran a sus partidos al fracaso. En el caso de Acción Popular, sino hubiera sido por Alfredo Barnechea no pasaban la valla. El PPC no logró ningún congresista. Perú Posible desapareció y el Partido Nacionalista tuvo que retirarse. La búsqueda de los electores va hacia lo nuevo y lo distinto. La excepción es Keiko Fujiori, que no es nueva, pero es la apelación a un gobierno que -si bien un sector rechaza- uno de cada cuatro peruanos recuerda y ese es un buen piso. 
El fracaso electoral también ha resucitado las disputas entre los dirigentes, algunos incluso están reconociendo que faltaron a sus normas internas para elegir a sus representantes en estos comicios.
En el Perú, ningún partido realiza elecciones internas como muchas veces se cree. Algunas se hacen, pero ni siquiera con las exigencias que sus propios estatutos señalan y entregan expedientes como si hubieron cumplido todo. Las fallas saltan cuando hay conflictos internos. Salió lo del PPC en su momento, también lo del Apra. Y en el caso de estos partidos, era público que algunos se resistían a la alianza que formaron. Tras el fracaso, aparece la tentación de “la noche de los cuchillos largos”, así los que se opusieron salen hoy a la carga para saldar cuentas. Esta es una de las leyes de la política.
 ¿Por qué el JNE que sí se puso riguroso con otras agrupaciones, como Todos por el Perú por ejemplo, no observó estas faltas?
El problema es del marco legal electoral, que viene en su mayoría del 2006. Se trata de una seguidilla de normas que buscan limitar, impedir, excluir, bajo la inclinación a la sanción, y que ante el desprestigio de los partidos, de los políticos y de las instituciones, fueron aplaudidas por la opinión pública y los medios de comunicación. Los partidos les dieron también la razón. Posteriormente, en octubre del 2015, cuando se discutía el Artículo 42 de la nueva Ley de Partidos Políticos -el cual castiga con la exclusión la entrega de dádivas en campaña- publiqué un artículo al respecto, pero nadie dijo nada, hasta que ocurrió con un candidato. Todos dijeron que se debía castigar, salvo algunas voces alternativas como la de ustedes y otros pocos. Entonces, se comenzó a sancionar bajo esta legislación y se llegó al extremo de tener a dos candidatos sustentando tachas contra otros. Eso fue increíble, pero cuando las exclusiones comenzaron a tocar a todas las organizaciones, recién se dieron cuenta de que si esto seguía así nos quedábamos sin candidatos. El resultado que tenemos ahora no se hubiera dado sino se retiraba a dos.
Justamente sobre la la nueva Ley de Partidos Políticos, hay un desencuentro entre el JNE y el Congreso. La comisión de Constitución ha citado al presidente del ente electoral para que explique cómo es que un día antes de los comicios emite una resolución precisando la valla.
Toda la ley ha tenido los problemas que ya conocemos, pero en el caso específico de la valla lo establecido por el Jurado es correcto. Es que esta norma tiene artículos que son aplicables y otros que no lo son. Tú no puedes dejar de aplicar la ley en su conjunto porque la Constitución te manda a implementarla al día siguiente de su aplicación. Además, el propio Congreso pudo exigir que se publicará, por ejemplo, una disposición transitoria que diga “esta ley no es aplicable para este proceso electoral”. Son los mismo partidos los responsables de esto, pero como son tan débiles ni siquiera tienen comunicación con sus bancadas, esto solo refleja la informalidad del sistema. El JNE solo emitió un pronunciamiento por presión de los partidos y si bien parece que lo hizo a destiempo, también pudo no hacerlo y no pasaba nada. He leído, escuchado y visto a una cantidad de opinólogos, supuestos analistas políticos y abogados por montones diciendo que esto favorecía al Apra. Que tal desconocimiento extremo de los alcances de la valla. Esta se aplica solo para el Congreso, no tiene nada que ver con el candidato presidencial. Alan García pudo tener 0,5% y no pasaba nada, pues la votación congresal sacó más de 7%.
¿Qué debe priorizarse en la reforma electoral que debata el próximo Congreso?
Debemos apuntar a una reforma que se materialice en un código electoral, donde estén sistematizadas de manera coherente las leyes, normas y demás regulaciones electorales, así como las leyes de partidos. Todas en un solo cuerpo, coherente, sistemático, con líneas claras, donde existan incentivos y desincentivos para las agrupaciones políticas, donde se establezca además la protección de los derechos de los partidos, de los candidatos y, porsupuesto, de los electores. Eso sí, hay que tratar de regular de acuerdo a la realidad. No hay que hacerlo sin tomar en cuenta la realidad. De lo contrario, hecha la ley, hecha la trampa.