El enfoque punitivo de la lucha contra las drogas ha tenido severas consecuencias a nivel mundial. En Estados Unidos, de acuerdo con un informe de The Guardian, solo el 2014 se realizaron 1,4 millones de arrestos por delitos no violentos relacionados con drogas. La criminalización ha llevado a una sobre población en las cárceles que ha afectado principalmente a las minorías negras o latinas. En el extremo del castigo se encuentran países como Arabia Saudita o Irán, donde el tráfico de drogas es penado con la muerte.


LA ESPIRAL MEXICANA Y COLOMBIANA

En Latinoamérica, México es uno de los países más maltratados por la guerra contra las drogas y la violencia. De acuerdo con Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia, el endurecimiento de las normas, la militarización de la seguridad pública y la estrategia de confrontación directa a los cárteles de droga generó una espiral de violencia que prácticamente triplicó los homicidios dolosos.

La letalidad de la guerra contra las drogas en México es colosal y supera largamente a las muertes generadas en las guerras civiles ocurridas en distintos países entre el 2003 y el 2010 (ver cuadro). En el 2014 se registraron cerca de 20.000 homicidios en México, esta cifra es mayor a las muertes ocurridas en Irak, Colombia, Sudan del Sur y otros países como consecuencia de las guerras internas. Y solo es superada por los 70.000 homicidios del conflicto sirio.


La persecución contra delitos menores relacionados con drogas también se ha disparado en México. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República, entre el 2006 y el 2014 se detuvieron a 175.993 personas por posesión de drogas en diversas modalidades y a 156.189 por consumo, a pesar de que no es delito. Es decir, el 73% de las personas detenidas por delitos relacionados a drogas eran poseedores o consumidores. Solo el 27% correspondía a venta al mayoreo, al menudeo, al tráfico o al transporte. Todo a causa de un enfoque centrado en la persecución y criminalización.

“La estrategia de lucha contra las drogas no funcionó en términos de debilitar al número de organizaciones criminales dedicadas al tráfico. Tampoco detuvo el tráfico ni redujo la superficie cultivada ni la productividad de cultivos declarados ilícitos. No redujo el consumo. Se trató de una estrategia dedicada a la desarticulación asumiendo que suprimiendo la oferta ibas a suprimir la demanda. Claramente en el caso de México no ha resultado”, afirma Sánchez a PODER.

En Colombia se vive una situación similar: según cifras compiladas por el especialista colombiano Juan Carlos Garzón, de Fundación Ideas para la Paz, las capturas realizadas por la Policía Nacional en delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes pasaron de aproximadamente 50.000 en el 2008 a cerca de 90.000 en el 2012. Además, el 98% de los detenidos por drogas no tienen probada una participación importante en las redes del narcotráfico y por cada 3.000 capturas por delitos de drogas, solo una es por lavado de activos. A la par de esta ineficiente persecución, de acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, en Colombia se registra un significativo repunte en el uso de sustancias ilícitas como marihuana, cocaína, éxtasis y heroína.

EL AUMENTO CARCELARIO

El incremento de la población carcelaria también se ha diseminado a varios países de Latinoamérica. De acuerdo con el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), en seis de nueve países evaluados la población carcelaria por delitos de drogas presenta porcentajes por encima del 20% del total. En tres de ellos la cifra está por encima del 25%. Además, en cinco de los nueve países la población en prisión por estos delitos ha crecido a un ritmo más acelerado que la población en prisión en general.


Lisa Sánchez también alerta sobre el daño que esto ocasiona en particular sobre la población femenina.  “El enfoque punitivo de control de drogas que prevalece a nivel global ha posibilitado que las autoridades nacionales castiguen con extrema severidad a mujeres cuya participación en la economía ilícita de las drogas es menor y casi siempre motivada por la necesidad de proveer para sus familias. En América Latina, las políticas de guerra contra las drogas han provocado un incremento en la población carcelaria femenina del 51,6% entre el 2000 y el 2015, y fomentado que en países como Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú más del 60% de la población carcelaria femenina esté privada de libertad por delitos relacionados con drogas. Esto tiene que cambiar”.

El CEDD recomienda ajustar la respuesta penal para que las sanciones sean proporcionales al daño ocasionado y que tome en cuenta la función que se ha cumplido dentro de la cadena del tráfico de drogas. También plantea moderar las penas previstas, establecer alternativas a la prisión, prestar atención a las poblaciones vulnerables y explorar modelos de regulación (como los que se intentan en torno a la marihuana) como una forma de morigerar la respuesta penal y sus consecuencias.

Alberto Otárola, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), no está de acuerdo con lo último. Sin embargo, sí considera necesario abrir el debate en torno a la reducción de penas. “No podemos seguir permitiendo que un muchacho consumidor esté metido en la cárcel por 7 años por tener 15 gramos de marihuana. Este es un debate que sí debemos abrir y hay que hacerlo con seriedad y mucha transparencia”.