Sede de las naciones unidas en Nueva York

“El régimen actual es prohibicionista. Las políticas actuales buscan reprimir toda la cadena, desde los cultivadores hasta los consumidores. Esto acompañado de sanciones muy severas que se han ido endureciendo en distintos países”, afirma a PODER Coletta Youngers experta en política internacional de drogas de  la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

El marco internacional sobre drogas está compuesto por tres Convenciones: las de 1961 y 1971 que clasificaron las sustancias controladas según su valor terapéutico y riesgo de abuso. También existe la de 1988 que incluyó a los insumos de la fabricación de estupefacientes y que reforzó la obligación de los países de imponer sanciones penales para combatir todos los aspectos de la producción ilícita, la posesión y el tráfico de sustancias psicoactivas

“La convención de 1988 tiene una salvedad que es particularmente problemática. Si bien manda a tipificar el tráfico ilícito, también habilita a los países para que puedan imponer sanciones mayores a las previstas por la Convención, algo que no se contempló en ninguna de las otras”, afirma Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia. “De facto, habilita a los Estados a que todas las penas se justifiquen en aras de cumplir con los objetivos. De ahí que se haga tan difícil pelear las batallas de la proporcionalidad de sanciones en asuntos de drogas”.

Dentro del bloque que aboga por la posición más dura se encuentran países del Asia, como China, pero también Rusia y los estados del Medio Oriente. El caso de Estados Unidos es particular. Si bien fue el primer y más entusiasta promotor del esquema punitivo, para Ricardo Soberón, ex jefe de DeVida, hoy se encuentra en un territorio ambivalente. “Hacia adentro es muy progresista, con 23 estados que aceptan el uso médico del cannabis. Sin embargo, hacia afuera, continúa financiando a países para que sigan el esquema tradicional. Entre ellos, Perú”. 

De otro lado, hay estados que buscan alternativas al esquema punitivo y proponen un enfoque sobre las drogas dirigido a la salud pública y la prevención en detrimento a un esquema centrado en las leyes penales. En este lado del debate también se encuentra la descriminalización y legalización de algunas sustancias. En este grupo se encuentran principalmente los países europeos. Para Coletta Youngers, aquí también están como líderes Colombia y México, que buscan un debate más abierto y transparente, proponiendo nuevos enfoques. 

El 16 de abril, en una columna publicada en The Guardian, el presidente colombiano Juan Manuel Santos escribió que la guerra contra las drogas es una que “muestra pequeños progresos en contraste con el tiempo, sangre y recursos invertidos por muchas naciones con una visión que busca desmantelar un negocio que permanece fuerte y activo como lo estuvo hace medio siglo”. 

La propuesta que Santos llevará a UNGASS 2016 se centra en cuatro elementos: enmarcar la lucha contra las drogas en un contexto de derechos humanos para dejar de estigmatizar a los consumidores, conseguir autonomía y flexibilización para que los países puedan adaptar sus políticas de combate contra las drogas de acuerdo a sus realidades —sin dejar de lado los tratados internacionales—, introducir un marco de salud pública para priorizar la rehabilitación de adictos por encima de los encarcelamientos y persistir en la lucha contra el crimen organizado a nivel transnacional. 

Los países con enfoque más conservador en la región son Venezuela, Cuba, Nicaragua y Perú. De acuerdo con Youngers, en el último año, Perú ha sido el país que ha tomado la tarea de “enfrentar a Colombia y México y asegurar que América Latina vaya dividida a las Naciones Unidas”. ¿Por qué? PODER conversó con Alberto Otárola, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), para conocer su opinión y visión sobre el problema de las drogas a nivel global y local.

Alberto Otárola, presidente de DeVida (Foto: Andina)

Hay una corriente que afirma que la lucha contra las drogas ha fracasado ¿Por qué persistir en el enfoque tradicional?.
Existe una falsa dicotomía entre reformistas y conservadores. Toda la estrategia en los últimos 25 años ha estado marcada por un fuerte control de la oferta. Una de las críticas señala que esa lucha ha fracasado y que ahora el problema de las drogas debe entenderse a través de otro eje basado en la salud y la prevención. En principio, nosotros estamos de acuerdo. Pero con una diferencia sustantiva: no podemos cometer el error del pasado en el sentido de priorizar un solo eje en la lucha contra las drogas.
Admitamos que podría haber sido el eje de la seguridad o el control de oferta el que ha tenido protagonismo. Pero lo que dice el Perú al respecto es que debe haber una posición equilibrada, coherente. La lucha contra las drogas es integral. No la podemos reducir a la prevención o al enfoque de salud porque todavía tenemos problemas con el control de oferta en América Latina. Tenemos problemas con el tráfico de drogas, con el lavado de activos, con las rutas del narcotráfico. Y por eso no vamos a aceptar que se suspendan las políticas públicas y el enfoque de Naciones Unidas como si no tuviéramos estos problemas. Esa postura es de una dicotomía absolutamente falsa.

¿Por qué el Perú ha bloqueado intentos reformistas por parte de la región latinoamericana?
Algunas posiciones tratan de minimizar el alcance de las Convenciones, de discutir su contenido y volver a comenzar como si en el mundo hubiera ocurrido un cataclismo. Eso no es posible. Yo creo que las Convenciones son lo suficientemente flexibles para poder incorporar el componente de salud y prevención. Incluso, en el caso de la marihuana, las Convenciones permiten el debate y la autorización vigilada y fiscalizada con fines médicos. Imagine qué habría sido del mundo si es que los países no las hubieran respetado. Por ejemplo, el comercio internacional de los insumos químicos hubiera sido libérrimo.
El Perú no va a seguir el esquema de ningún país que tenga como agenda interna acuerdos distintos a los que le interesan al Perú. Y tampoco va a seguir dogmatismos de consumo que tanto daño le vienen haciendo a los jóvenes de los países que están integrando una alianza que es absolutamente minoritaria. Con México y Colombia somos socios de la Alianza del Pacífico, tenemos intereses comunes y tenemos una extraordinaria relación diplomática. Pero en el tema del enfoque sobre el problema mundial de las drogas no pensamos igual que ellos. No olvidemos que tenemos mucho que hacer en cuanto a control de la oferta, el combate contra el lavado de activos, contra los insumos químicos. Esta es una visión multidimensional del problema de las drogas que parecen olvidar algunos especialistas.