Foto: Andina.
El pasado 17 de marzo, tras varias postergaciones, el Pleno de Congreso aprobó la Ley que establece la responsabilidad de las empresas en casos de corrupción internacional. La norma es un requisito para que el Perú ingrese el Grupo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, pese a que ha pasado un mes, aún no ha sido promulgada por el presidente de la República.

Fuentes cercanas a la Fiscalía de la Nación revelaron a PODER que la demora viene generando preocupación en la institución pues el presidente Ollanta Humala tiene hasta el 22 de este mes para firmar la iniciativa, y habría un temor de que no lo haga debido al viaje que tiene programado a la reunión antidrogas de la ONU, que lo llevará fuera del país, a Nueva York (Estados Unidos), del 20 al 24 de abril.

El texto habría llegado a Palacio de Gobierno el 1 de abril y desde el 6 de abril contaría con la opinión favorable del Ministerio de Justicia (Minjus).

“El Fiscal de la Nación (Pablo Sánchez), quien también es presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, está muy preocupado porque por este tema está en riesgo nuestro ingreso al Grupo Antisoborno de la OCDE”, indicaron las citadas fuentes.
Este nuevo marco legal -que sanciona a las empresas involucradas en delitos de cohecho internacional cometidos en su nombre, por parte de sus ejecutivos o de representantes legales- es además necesario para la investigación del caso Panama Papers en el país.

“En este tipo de delitos de carácter económico, juega un rol especial el uso de empresas offshore que sirven para lavar dinero, que muchas veces proviene de la corrupción. Y si bien la norma no contempla el lavado de activos, es una revolución pues permite por primera vez castigar a las empresas con un régimen de sanciones más eficaz y de forma autónoma”, agregaron las fuentes.