Foto: Andina.

De esta forma, los trabajadores a partir de los 65 años de edad que cuenten con una Cuenta Individual de Capitalización (CIC) en el sistema privado de pensiones podrán acceder a casi la totalidad de lo que hayan ahorrado para su jubilación, lo que los despojará de la posibilidad de contar con una pensión mensual. Eso sí, el 4,5% restante será destinado a EsSalud para asegurar la cobertura en caso de emergencias.

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Además de la disponibilidad del fondo, la norma también contempla la posibilidad de usar hasta el 25% de lo acumulado por el trabajador como garantía para la cuota inicial de un crédito hipotecario, así como la ampliación del régimen de jubilación anticipada para desempleados hasta el 2018.

Finalmente, establece la imprescriptibilidad de la deuda a las AFP con el fin de facilitar la recuperación del dinero descontado a los afiliados que no fue depositado por sus empleadores, tanto del sector público como del privado, a sus CIC.

El Poder Ejecutivo se opuso a todas estas medidas por considerar que, en el caso del uso de lo ahorrado para vivienda, se afecta la intangibilidad del sistema de pensiones y, en el caso de la ampliación de la jubilación anticipada, la ONP ya no cuenta con recursos para atender nuevos pedidos.

Previo al debate de la ley en el Pleno, el presidente de la Asociación de AFP, Rafael Picasso, sostuvo que antes de buscar cambios en el sistema privado de pensiones, el Congreso debe priorizar las reformas tributaria y laboral, solo así se conseguirá que los trabajadores que ahora son informales accedan a un sistema de pensiones.

"Se debe empezar por una profunda reforma laboral y tributaria que permita a los trabajadores informales entrar a la formalidad. Uno no accede a una pensión porque no aporta a un sistema y no aporta a un sistema porque no es formal. Creo que por ahí empieza todo", dijo.