Foto: Andina
Los filtros propios de toda campaña, así como los ajenos (el legalismo selectivo del JNE y la insensata regulación electoral), dejaron solo a cuatro candidatos en la disputa por la presidencia. Cada uno encarna tendencias ideológicas distintas. Sus modelos de política cultural no son ajenos a esas diferencias.

Para la derecha conservadora de Keiko Fujimori la cultura es principalmente un instrumento electoral. A pesar de haber organizado concursos de hip hop a través de Factor K (eiko) y de usar el festejo como fondo musical de sus spots radiales, en el plan de gobierno de Fuerza Popular (FP) no hay ninguna propuesta para la cultura urbana. Tampoco para la afroperuana. De hecho, son muy pocas las funciones del Ministerio de Cultura allí mencionadas y todas aparecen de forma marginal y siempre subordinadas a las agendas de otros sectores. No tienen autonomía. Para el fujimorismo, se deduce del plan, el Estado solo debe intervenir en la cultura para inculcar valores en la escuela, fomentar el crecimiento económico a través del turismo y gestionar conflictos sociales por intermedio de la consulta previa, “donde corresponda”.

A nivel internacional la derecha conservadora privilegia la alta cultura sobre las otras expresiones culturales. Para el fujimorismo, todas las artes son un exotismo, incluso las clásicas. El único indicador del interés en promover éstas últimas es la presencia del cantante de ópera Francesco Petrozzi entre sus candidatos al Congreso. En el caso de las industrias culturales, la indiferencia es absoluta. Ni siquiera son vistas como catapulta para el crecimiento económico, algo que habría sido inimaginable para gobiernos como los de Álvaro Uribe en Colombia o Sebastián Piñera en Chile.

Las coincidencias de Keiko con la derecha latinoamericana se dan con sus versiones más arcaicas, aquellas que reducen el valor del patrimonio al de una estampita turística o al de una fuente no conflictiva para la integración social. Sin embargo, en un gobierno suyo, ello tampoco motivaría grandes inversiones. En la entrevista que concedió a El Comercio, José Chlimper, candidato a la vicepresidencia por FP, declaró que su agrupación reasignaría los fondos destinados a la construcción del Museo Nacional de Arqueología (MUNA) para hacer otros proyectos: “Está bien apostar por la cultura, pero hay que revisar las prioridades”. 

Alfredo Barnechea, por su lado, posee una nutrida biblioteca pero no un equipo técnico ni un programa articulado en política cultural. En los debates públicos sobre el tema, Acción Popular o ha estado ausente o ha enviado a representantes con más interés que especialización en el rubro. Además, en su plan de gobierno incluye muy pocas propuestas de orden cultural. Las que hay forman parte del objetivo estratégico denominado “identidad nacional” y son de dos tipos: las que buscan promover el turismo mediante la puesta en valor del patrimonio y las dirigidas a “reconocer la diversidad” a través de la educación intercultural bilingüe, el uso de las lenguas indígenas en los servicios públicos, la aplicación de la consulta previa y la participación en política de las comunidades nativas, mas no de las andinas. 

En general, el poco espacio que le dedica a la cultura y, en particular, el primer tipo de propuestas, aproximan a Barnechea al desarrollismo conservador del segundo gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985), aquel que desmanteló el INC (1984) pero promulgó la Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural (1985).

Dentro de la tradición de Acción popular, las de segundo tipo, más bien, son semejantes al reformismo del primer gobierno de belaundista (1963-1968), el mismo que nombró a José María Arguedas como director de la Casa de la Cultura (1963-1964). No obstante, ambos contenidos están muy lejos del multiculturalismo posmaterialista de la socialdemocracia europea, de la que Barnechea dice inspirarse en su proyecto de “igualdad social”. 

DE LA DERECHA TECNOCRÁTICA A LA IZQUIERA PARTICIPATIVA

A diferencia de Fujimori y Barnechea, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Verónika Mendoza sí se han preocupado en presentar propuestas consistentes. En los extremos ideológicos, ellos dos son los que tienen mayor voluntad política para promover la cultura.

Siguiendo los principios de la derecha tecnocrática, el plan de gobierno de PPK aspira a modernizar el Ministerio de Cultura, ampliar la participación privada en la cultura y promover el valor económico de la misma. La modernización sería implementada mediante la ampliación presupuestal, capacitación de funcionarios, formulación de planes estratégicos y creación de nuevos instrumentos de gestión. El estímulo a la inversión privada se llevaría a cabo por medio de una ley de donaciones e incentivos y una reforma legal que permita la gestión privada de yacimientos arqueológicos. Por su parte, el interés en promover el crecimiento económico a través de las industrias culturales y creativas, llevaría a Peruanos por el Kambio a generar estadísticas sobre su aporte al PBI, incubadoras de empresas y plataformas de intercambio comercial.

El esquema no replica religiosamente el evangelio del Consenso de Washington. Hay una apuesta por ampliar y mejorar los servicios del Estado, no por reducirlo a su mínima expresión. Incluso, a pesar de darle un protagonismo mucho menor, el plan también contiene ofertas para luchar contra el racismo y reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, la lengua y la titulación colectiva. Siguiendo las coordenadas políticas estadounidenses, al menos en el papel, PPK tiene más afinidad con el liberalismo cultural del Partido Demócrata que con el conservadurismo cultural del Partido Republicano. 

La duda es si esta posición representa solo al equipo técnico de Peruanos por el Kambio. PPK ha sido ambiguo sobre la posibilidad de eliminar la cartera de cultura y fusionarla con la de turismo. Además, la declaración más categórica que ha tenido sobre el tema durante la campaña no fue de principios. Según él, por ser flautista y primo de Jean-Luc Godard, “porque lo soy”, apoyaría el cine y la cultura. 

En el caso del Frente Amplio, el lugar de la cultura es protagónico. Es el único partido que ha detallado su programa cultural en un documento aparte del plan de gobierno. En contraste con el economicismo de los otros candidatos, tanto el diagnóstico como los ejes y acciones de la política planteada, inciden en la pluralidad, interculturalidad, ciudadanía, descentralización y descolonización. A pesar de que mayormente no aterricen en programas o proyectos concretos, todos esos principios abarcan múltiples temáticas y objetivos como el fortalecimiento institucional del Ministerio de Cultura, la apropiación social del patrimonio, la promoción de la cultura viva comunitaria, el apoyo a la producción “independiente”, la investigación y enseñanza artística, el impulso de una programación cultural en los medios públicos, la revalorización de la memoria, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el fomento de una cultura ambientalista. 

Las propuestas de Verónika Mendoza son parcialmente compatibles con la política cultural orientada hacia el desarrollo, dominante a nivel internacional. Contiene pocas referencias a algunos de sus componentes clave como el enfoque de desarrollo humano, el estímulo a la economía cultural y el uso de la  cultura para la transformación de otros ámbitos, salvo en los casos de la educación y el medioambiente. Las coincidencias son mayores con el modelo de la democracia cultural, institucionalizado por la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la Unesco (Mondiacult, 1982): rechazo a la existencia de una sola cultura legítima, promoción de la coexistencia e interacción entre las múltiples comunidades culturales de la sociedad, intervención tanto en la producción estética como en modos de vida de la población, lucha contra las desigualdades mediante la descentralización y apoyo a procesos basados en la participación ciudadana.  

Por lo mismo, un gobierno del Frente Amplio no imitaría la política cultural de los gobiernos de la Concertación chilena o de las administraciones de Antanas Mockus en Bogotá, centradas en el financiamiento de las artes y la cultura ciudadana, respectivamente. La  izquierda de  Mendoza es de tipo participativa. En el campo de la etnicidad seguiría el modelo del Estado plurinacional de Bolivia al darle mayor poder de decisión a la población indígena aunque sin replicar su corporativismo. En el eje de las industrias culturales y las artes recorrería la ruta que tomó Gilberto Gil durante los tiempos de Lula en Brasil, particularmente aquella que lo llevó a formular el programa Puntos de Cultura.   

POLÍTICA Y CULTURA: CRUCES Y DESVÍOS

Más allá de sus diferencias, los únicos consensos existentes entre los candidatos son poner en valor el patrimonio, implementar la Ley de consulta previa y darle funcionalidad pública a las lenguas indígenas. 

El primero no resulta sorpresivo. Desde inicios del siglo XX, la institucionalidad cultural peruana siempre ha estado abocada al patrimonio, especialmente a partir de que el gobierno de la Patria Nueva de Augusto B. Leguía (1919-1930) promulgara la primera ley general de patrimonio (Ley 6634 de 1929) y creara el Patronato Nacional de Arqueología. En contraste con aquella época, en la que era una fuente para la construcción de un relato indigenista sobre la nación, hoy el patrimonio es concebido por los políticos básicamente como un recurso para el crecimiento económico.

Por otro lado, producto de los sucesos de Bagua, una parte de la agenda indígena ha logrado colarse en los marcos de la política pública. Eso explica los otros dos consensos. Lo que aún queda fuera del radar de la mayoría de los candidatos son las otras competencias del Viceministerio de Interculturalidad: la lucha contra el racismo, la inclusión de la población afroperuana, la protección a los pueblos indígenas en asilamiento voluntario y contacto inicial y la transversalización del enfoque intercultural. 

Aunque por otros motivos, lo mismo pasa con las industrias culturales y las artes. La percepción de ser expresiones de consumo elitista y la limitada base social de sus productores más visibles, los de la clase media tradicional, explicaría el poco interés que suscita entre los políticos. No atraen muchos votos. El teatro, el cine y la literatura tienden a ser, además, asuntos ajenos al gusto de los que participan en política. La promesa de poder convertirse en motores del crecimiento económico podría originar algún cambio en este orden pero ello es aún remoto, teniendo en cuenta que para muchos incluso la idea de la diversificación productiva motiva histerias antichavistas. 

El gran reto  de las políticas culturales en el próximo quinquenio es entonces el de expandir sus fronteras y legitimidad. En el país de la “plata como cancha” el mantra internacional de “la cultura como factor de desarrollo” sigue siendo un exotismo.