Foto: Perú21.
El escándalo de los Panama Papers también ha salpicado al Perú. Candidatos a la presidencia, congresistas que buscan la reelección, así como exministros y personajes implicados en casos de lavado de activos y defraudación tributaria han resultado involucrados con Mossack Fonseca, el bufete panameño que ayudaba a sus clientes a poner su dinero en paraísos fiscales.

La revelación ha llevado a la Sunat, al Ministerio Público y hasta al Congreso a anunciar que investigarán a los involucrados en lo que ha resultado uno de los mayores casos de elusión en el mundo, pero también ha puesto en evidencia las limitaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia adscrita a la SBS, para vigilar si estas transacciones son de dinero ilícito

¿Cómo hacer para fortalecer esta unidad? Esta es la propuesta de Giovanna Prialé, economista de la Universidad del Pacífico, exfuncionaria de la SBS y candidata al Congreso por Peruanos por el Kambio (PPK) con el número 18.

¿Qué está fallando en el país en lo que respecta a la supervisión del dinero ilícito? 
La UIF peruana es la única en la región que no tiene facultades para levantar directamente el secreto bancario y tributario. Así, cuando recibe el reporte de una operación sospechosa -de un banco, notaría o casa de cambio- tiene que recurrir al Poder Judicial o a la Sunat para hacer una investigación más profunda. Esto nos pone en desventaja pues pasa mucho tiempo desde la alerta hasta que se obtiene la información. Se trata de una fuerte debilidad, pero no es la única.
En otros países tienen sistemas interconectados para detectar este tipo de operaciones, ¿por qué aquí no?

Seguimos siendo muy reactivos en materia de supervisión. Podríamos tener un sistema interconectado en línea que, por ejemplo, apenas detecte una operación sospechosa en una notaría, como la compra de auto con US$ 30 mil en efectivo, envié una señal de alarma a la UIF, pero aquí la entidad donde se hizo la operación tiene que llenar una serie de reportes, enviarles a la UIF, esta realiza una investigación, establece las acciones a seguir para luego definir si esto termina en un probable proceso de lavado de activos.

Todo esto pasa porque en materia de manejo de supervisión del dinero ilegal tenemos temas pendientes que no se han logrado adecuar en los últimos cinco años, pese a que el proyecto de ley para cambiar la situación ha estado en el Congreso, al menos en lo que respecta al levantamiento del secreto bancario.

Según la UIF, el propio Colegio de Abogados se ha opuesto a que se reporten las operaciones sospechosas 
No creo que sea solo un tema de los abogados. Entonces, ¿para qué hay un poder legislativo? En realidad, el Congreso no quiso tocar el tema, no quiso aprobarlo. Y esto es una muestra de que en esta instancia hay intereses que están ligados a dinero ilícito. 
¿Qué propone para revertir esta situación?

Primero, hay que empoderar a la Unidad de Inteligencia Financiera. No puede estar dentro de la Superintendencia de Banca, Seguros y SBS (SBS), debe tener autonomía tanto institucional como económica, así como una mayor independencia para poder tomar decisiones pues las investigaciones que realiza son a personas que ostentan una importante posición en los ámbitos público y privado. Además, el jefe de la UIF debe ser designado de la misma forma que el presidente del BCR y debe contar con un directorio que  avale sus direcciones.

En paralelo, hay que implementar una política de detección del dinero ilegal con acciones preventivas y correctivas, pues estamos fallando en ambos aspectos. Por ejemplo, en el tema preventivo, la situación que enfrenta el Callao por la droga se da porque las actividades ilícitas se convierten en dinero que está entrando a nuestra economía mediante cuentas en bancos o en microfinancieras, entre otros mecanismos. Y no tenemos herramientas para contrarrestarla, como incentivos para que la gente denuncie.

En lo que respecta a sanciones, necesitamos juzgados especializados en lavado de activos con plazos cortos y con facultad para acumular penas que desincentiven el delito, así evitaremos que casos emblemáticos, como el de Orellana, tomen años para iniciar la investigación

De acuerdo con la experiencia internacional, ¿cuál es el plazo óptimo para este tipo de procesos?
Los casos en el Perú pueden tomar de 18 meses a 24 meses, pero esto se puede reducir a plazos de dos o tres meses, desde la etapa en la que se detecta la operación sospechosa hasta la acusación formal de la persona investigada en un juzgado. Si no avanzamos en esto, corremos el riesgo de que el narcotráfico y la tala ilegal se hagan más importantes en el financiamiento de nuestra economía. En México, se estima que el dinero ilegal ya representa alrededor del 1,5% a 2% del PBI, siendo conservadores. En el Perú, aproximadamente entre 1% y 2% del PBI estaría siendo movido por la minería ilegal y el narcotráfico.
¿Cómo está ingresando este dinero a nuestra economía?
El pitufeo es un mecanismo. Por ejemplo, si tengo un denuncio minero, vendo el oro en forma ilegal, cobro el dinero y lo deposito a mis trabajadores a través de cuentas pequeñas de ahorro en los bancos. Esto me va a permitir crear negocios falsos como fachadas, los cuales abundan en nuestro país. Se trata de empresas sin ningún movimiento pero que declaran miles de dólares. Por eso, insisto en la independencia que debe tener el jefe de la UIF para que pueda enfrentarse a los peces gordos que están manejando el dinero ilegal y que al final influyen en la inseguridad ciudadana. Esto es un circulo vicioso.
¿Se lograrán estos cambios con una ley?
Un proyecto de ley va a abonar, pero necesitamos un Poder Ejecutivo decidido a enfrentar los problemas del dinero ilegal que proviene de la tala ilegal, de la minera ilegal, del narcotráfico y demás vicios que enfrenta nuestro país. En este gobierno, la voluntad política ha sido débil frente a estos temas que se están haciendo más fuertes. El Estado está perdiendo presencia en zonas que están siendo tomadas por actividades ilegales. Por eso, nuevamente menciono la necesaria independencia de la UIF, con amplias facultades, juzgados especializados, estoy pensando en una reingeniería que permita atender todos estos problemas.