Foto: Agencia Andina
La filtración de documentos conocida como Panama Papers ha mostrado el posible abuso que personas y empresas hacen de los paraísos fiscales para ocultar riqueza, evitar el pago de impuestos e incluso valerse de la banca off shore para lavar dinero.

“El uso de compañías  off shore  o en paraísos fiscales genera riesgos potenciales a los sistemas financieros estatales, a las regulaciones de determinados sectores de actividad económica,  a la fiscalización del lavado de activos, y, en general, puede socavar regímenes legales de orden público (la sociedad de gananciales, la herencia, las normas de contratación pública, por ejemplo). Pero también puede afectar la recaudación y el sistema tributario de los países”, afirma el catedrático de la PUCP, Eduardo Sotelo a PODER.

Hay estadísticas respecto a lo último que son contundentes. De acuerdo con estimaciones realizadas por Oxfam, anualmente las empresas eluden US$ 104.000 millones. Este dinero, afirma la ONG, podría ser usado por los Estados para disminuir la desigualdad y brindar mejores servicios públicos. Valerse de compañías off shore es bastante común para evitar, de manera sofisticada, el pago de rentas.

Sobre este punto, el marco legal de los países puede contribuir a disminuir las malas prácticas empresariales y la elusión fiscal. Si bien una normativa fuerte para prevenir lo último no es la única manera de evitarlo, se trata de una de las distintas herramientas importantes de las que puede valerse el Estado para evitar la fuga de rentas.

Se denomina elusión fiscal al diseño e implementación de esquemas económicos artificiosos con el único objetivo de eliminar o disminuir considerablemente el cálculo de impuestos a pagar. No se infringe para ello, al menos abiertamente y a diferencia de la evasión, la ley tributaria. Y es este el componente que acompaña de polémica su persecución. 

LA NORMA ANTIELUSIVA EN EL PERÚ
Las medidas para evitar la erosión de la base imponible y la fuga de rentas de los países son promovidas por diversos organismos internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es uno de ellos. Como parte de la tendencia promovida por este y otros foros, en el Perú se promovió una norma anti elusiva general. 

El 2012 se publicó el Decreto Legislativo 1121 que incorporaba la norma XVI al Código Tributario. Esta señalaba que:

“En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente.”

Dicha norma generó el rechazo de los principales gremios empresariales del país, como la Confiep y la Cámara de Comercio de Lima, quienes dijeron que esta daba un poder discrecional a la Sunat en la recaudación, pues no era específica en los casos que la ley era transgredida. 

Especialistas señalan que, sin embargo, es positivo que la norma sea general, pues si se especifican los casos de elusión fácilmente  las compañías podrían crear nuevos esquemas fuera de los que ya han sido detallados para continuar eludiendo el pago de tributos.

Como detallamos antes en PODER, incluso se reafirmó la constitucionalidad de la norma XVI. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 30230 del 2014, parte de los paquetes dinamizadores de la economía, y gracias a la presión del sector privado, la norma anti elusiva se suspendió. Nunca se ha cuantificado el volumen de impuestos eludidos por personas y grandes empresas

LA NORMA XVI EN CAMPAÑA
Desde el 2014, la norma que podría evitar la fuga de rentas del país no está vigente. Y así ha permanecido. Pero no ha sido ajena a la campaña electoral. Hay al menos dos candidatos presidenciales que se han manifestado en contra. 

Alan García, candidato de Alianza Popular (Apra-PPC), dijo en la CADE del año pasado: “Necesitamos que desaparezca la arbitrariedad discrecional de la Sunat. ¡Cómo es posible que se haya establecido que, si alguien paga sus impuestos, la Sunat tiene el derecho de presumir o de sospechar que lo hace para evadir impuestos de otra manera!”.

De otro lado la semana pasada, Alfredo Thorne, del equipo técnico de Pedro Pablo Kuczynski, también ha dicho que de llegar al gobierno, se eliminaría la norma anti elusiva.