Foto: JNE.
2 de noviembre del 2015. La militante Ángela Valdez envía una carta al presidente del Jurando Nacional de Elecciones (JNE) denunciando que el APRA ha faltado a su estatuto para designar a Alan García candidato y concretar la alianza con el PPC, con una Comisión Política y un Comité Ejecutivo nacionales cuyos mandatos habían culminado el 2014 y fueron extendidos de forma ilegítima. El 17, la dirección de Fiscalización del JNE notifica al Apra “para que tome las medidas correspondientes”. La semana pasada, Távara dice que no conocía del tema. El viernes, el JNE responde a La República que respecto a denuncias sobre elecciones de candidatos, “no le corresponde dar respuesta”.

Octubre 2015. Tres legisladores pepecistas notifican al JNE que se están violando las normas de democracia interna. El Jurado exhorta a los órganos del partido a respetar sus procedimientos. Lourdes Flores y Alan García negociaban a la par conformar una alianza. Para cumplir con los tiempos de ley, el PPC viola sus estatutos y delega la responsabilidad a una comisión consultiva (debía ser un Congreso Nacional Extraordinario). El 7 de enero, el JNE aprueba la inscripción de Alianza Popular. Cuando la irregularidad se hace pública (febrero), argumenta que nadie lo notificó y que el período de tachas ha vencido (18 de enero).

En diciembre, Todos Por el Perú notifica a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) cambios a su estatuto, logo así como la nueva conformación del Comité y el Tribunal Electoral. No procedió. Se cuestionó el registro de miembros así como la debida convocatoria de los actos. La agrupación apeló ante el JNE y el 20 de enero realizó una nueva asamblea para convalidar los procedimientos. Tras subsanaciones y resoluciones, 10 tachas e idas y venidas del Jurado Electoral Especial (JEE) y del JNE, el 9 de marzo se declara improcedente la inscripción de TPP y la candidatura de Guzmán.

El miércoles 10 de febrero, Cesar Acuña promete entregar S/.10 mil soles para la construcción de un muro en un mercado de Chosica. El 4 de marzo el JEE lo excluye del proceso electoral por transgredir la Ley de Organizaciones Políticas. El 9, el pleno del JNE lo confirma por unanimidad.

El 14 de febrero, Keiko Fujimori, congresistas de Fuerza Popular y otros miembros del partido asisten a un evento de Factor K donde se entrega dinero como premio. La Dirección de Fiscalización del JNE señala que no es posible determinar si fue la candidata quien lo entregó. Aparecen más videos. No importa. Luego de que el JEE de Lima Centro 1 pide ampliar el informe, el 18 de marzo Fiscalización afirma que Keiko no fue quien hizo la entrega. El 24, el JEE declara infundado el pedido de exclusión de la candidatura. “No era una actividad proselitista y no se puede comprobar que los fondos provienen de su patrimonio”. Era una actividad proselitista. El segundo argumento fue sacado bajo la manga.

¿Qué palabra elegiría usted para esta situación? Asumamos que no es fraude. Pero seamos honestos. Tampoco es mera incompetencia. ¿El temor a la incertidumbre puede estar influyendo y “moderando” nuestra posición? ¿El JNE no tendría que sacar a Keiko Fujimori como a los otros candidatos? Más preguntas. ¿Qué haría en realidad la derecha si PPK no siguiese en el bolo con Keiko? ¿Qué la izquierda si no estuviesen ahí Barnechea y Mendoza? ¿Qué si, tras todo lo anterior, la segunda vuelta fuese a ser entre Keiko y Acuña o entre Keiko y García? ¿Su percepción cambiaría?

Tanto a la derecha como a la izquierda como al centro, las opiniones están contenidas de alguna manera porque toda la irregularidad de esta campaña parece tener una “salida”. Y una “esperanza”. Pero lo cierto es que si alguna dosis de legalidad quiere tener esta elección, Keiko Fujimori debería salir de la carrera electoral. No es nada personal. De hecho, la marcha del 5 de abril no debería ser contra Keiko Fujimori. Si la preocupación de fondo es lo que representó y lo que podría representar el fujimorismo en el poder, hoy tenemos evidencia suficiente de interferencias en instituciones clave para la democracia, como para protestar contra una elección a todas luces ilegítima y con una alta dosis de ilegalidad.