Foto: Andina
Un informe emitido por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, bajo el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con el Perú, identifica preocupaciones significativas relacionadas con el derecho de la libertad sindical en el sector de la exportación no tradicional de Perú que incluye la exportación de textiles, confecciones y ciertos productos agrícolas.

El documento responde a una comunicación pública presentada por el Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF), Perú Equidad y siete organizaciones sindicales peruanos ante la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del Departamento. Dicha comunicación alega que el gobierno peruano no ha aplicado sus leyes laborales efectivamente y que la ley peruana que controla los contratos de empleo en el sector de la exportación no tradicional es incompatible con la libertad sindical

El Departamento Trabajo de los EE.UU señala en su informe que “si bien en el 2007 se promulgaron instrumentos legales para que los contratos de corto plazo no afecten la libertad sindical, varios trabajadores del sector de exportaciones no tradicionales que han querido hacer efectivo su derecho a la libre asociación reportan que sus contratos no fueron renovados”. 

El informe agrega que si dichos trabajadores denuncian que la no renovación de contratos es una práctica anti sindical, es posible que pasen varios años hasta que reciban su indemnización debido a los procesos administrativos y judiciales que tendrían que asumir

De otro lado, el Departamento de Estados Unidos señaló que la falta de mecanismos para verificar la legalidad de los contratos de corto plazo acentúa las preocupaciones, pues puede abusarse de estos. “No hay nada que asegure que los empleadores usan estos contratos para los fines legales prescritos”.

El informe recomendó también el establecimiento de oficinas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en todo el país lo antes posible y fortalecer las actividades de inspección.

El organismo estadounidense señaló también que su gobierno se compromete a revisar cualquier avance en esta materia por parte del Perú dentro de un plazo de nueve meses y después según sea necesario.