Foto: Andina.

Con 73 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones, el Pleno de la Congreso aprobó la Ley que fija la responsabilidad administrativa de las empresas en los delitos de cohecho internacional cometidos en su nombre, por parte de sus ejecutivos o representantes legales.

Este nuevo marco legal es requisito para el ingreso del Perú como miembro pleno al Grupo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

La iniciativa fue exonerada de una segunda votación y se espera su promulgación por parte del Poder Ejecutivo en los próximos días pues nuestro país tiene solo este mes para adecuar su normativa e ingresar al citado grupo.

¿QUÉ IMPLICA ESTA NORMA?

Pese a que durante el debate, legisladores como Rosa Mávila solicitaron que se incluyan sanciones penales previa individualización de los actores de los delitos, al final obtuvo mayor apoyo el proyecto de la Comisión de Justicia del Parlamento, que solo regula las responsabilidades administrativas de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, por el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el Código Penal. 

Se excluyeron los delitos de peculado, colusión, tráfico de influencias, que si eran contemplados en el dictamen que elaboró la Comisión de Descentralización.

“Ahora el Perú cuenta con una herramienta jurídica que permitirá combatir el soborno transnacional, pues ayudará a sancionar y neutralizar no solo la conducta del partícipe individual en dichos eventos delictivos, sino a las empresas, es decir, a la persona jurídica”, comentó el legislador del PPC y presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren.

Por primera vez, se está incorporando en la legislación peruana la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en el delito de cohecho activo trasnacional. “Somos el único país de la Alianza del Pacifico que no había adecuado aún su legislación sobre este delito”, anotó.

La norma aprobada también establece la responsabilidad en las personas naturales que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, con independencia de su naturaleza, del régimen jurídico en que se encuentren y actúen por orden o autorización.

¿Y las sanciones? Se fija una multa que va hasta las 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), así como la inhabilitación por cualquiera de las siguientes modalidades: suspensión de actividades sociales por un plazo no mayor de dos años, suspensión para contratar con el Estado por un plazo no mayor de cinco años, cancelación de licencias, clausura de sus locales y disolución de la empresa, es decir, todas sanciones administrativas.