Foto: Latinosan 2016.
Magaly Espinosa, exSuperintendenta de Servicios de Saneamiento de Chile, cargo que ocupó durante los últimos nueve años en tres sucesivos gobiernos, llegó a Lima para participar de la IV Conferencia Latinoamericana de Saneamiento – Latinosan. Actualmente, es asesora del Ministerio de Obras Públicas de dicho país y, por encargo del Banco Mundial, realiza un análisis de la política que se aplica en el Perú para fijar las tarifas de agua. A continuación, detalla porqué Chile optó por privatizar su servicio, qué modelo podría funcionar en nuestro país, así como los retos que los gobiernos ya enfrentan para gestionar el abastecimiento del líquido elemento a sus poblaciones en tiempos de cambio climático.

¿Porqué Chile optó por privatizar el servicio de agua y saneamiento?
Para entender lo que pasó, hay que tener en claro que la economía chilena es neoliberal, con un Estado que tiene un rol rector, de supervisión, subsidiario y que simplemente se retira de las áreas donde no puede ejercer la actividad empresarial. Ya lo había hecho en telecomunicaciones y electricidad, en agua se demoró más. Este sector estuvo a punto de ser privatizado en los años 90, tras la dictadura, pero los gobiernos de la democracia revaluaron la decisión, la cual se retomó 10 años después al incluir un nuevo marco regulatorio que reforzaba el control de las empresas. Es así que con el fortalecimiento de la Superintendencia de Saneamiento, se decidió iniciar el proceso de venta de las empresas de agua.
¿Qué problema tenían en ese momento?, ¿cobertura?, ¿tratamiento?
 El objetivo principal era aumentar la meta de tratamiento de aguas residuales. Chile tenía buen desempeño en agua potable, en recolección de aguas residuales, pero no así en tratamiento. Teníamos vertimientos hacia cursos de agua que contaminaban y los Tratados de Libre Comercio (TLC) -principalmente el suscrito por aquel entonces con EEUU- exigían remediar este tipo de situaciones, sino el país hubiera incurrido en dumping ambiental. Pero la inversión que se requería era fuerte, del orden de los US$ 5.000 millones. Por eso, en ese momento se decide que no se va a destinar fondos públicos a este fin y se opta por la privatización en dos vías, mediante la venta de paquetes accionarios de empresas y a través de contratos de concesión con capitales privados que se encargarían de la gestión, inversión y administración del servicio. La operación, a nivel nacional, generó ingresos para el Estado por US$ 4.080 millones. Y para que sea un éxito, hubo que garantizar tasas de rentabilidad reguladas de 7% como piso.
¿Y ha funcionado la reforma?
Tomó cuatro años implementarla, y permitió lograr el aumento de la cobertura del tratamiento de aguas residuales de un 14% a un 100%, en un lapso de 10 años. El proceso incluyó a las empresas de agua de cada una de las 15 regiones de Chile, las cuales se licitaron internacionalmente, ya sea para venta o para concesión. Algunas, incluso se agruparon para que sean adquiridas por grupos de inversionistas. Y además se puso límites a los capitales para evitar la concentración. Así, un mismo inversionista no podía tener más del 50% del abastecimiento de agua en el país.
¿Porqué una economía abiertamente neoliberal impone límites?
Por un tema estratégico, en Chile tenemos límites a la concentración de la propiedad, además también se quería asegurar que el servicio fuera diversificado y no estuviera en manos de un solo gran inversionista.
¿Si el modelo es tan exitoso en Chile, porque no ha funcionado en otras economías del mundo, ni siquiera en las más avanzadas?
No ha funcionado en otros países porque en Chile se dieron una serie de condiciones. Primero, el modelo neoliberal se estableció en todos los sectores. Segundo, se implementaron reglas de juego claras, es decir, un marco regulatorio preestablecido. Ambos factores se acompañaron de un sistema de tarifas de autofinanciamiento, y de un sistema de subsidio para los hogares que realmente lo necesitan. Si bien todos los sistemas en el mundo son subsidiados, en Chile se decidió subsidiar la demanda, el consumo de la población, no la inversión, como ocurre en otros países. Esto significa un costo para el presupuesto fiscal, equivalente al 5% de la recaudación de las empresas de agua. En tanto, el subsidio llega a un 13% de los clientes, en promedio, pero en algunas regiones, puede alcanzar al 40% de las familias.
Pese al subsidio, hay hogares que sostienen que las tarifas son altas
En promedio, se paga US$ 1,3 por metro cúbico, pero el promedio engaña pues la varianza está entre US$ 1,1 y US$ 3,5. Las tarifas más altas están en el norte chileno, donde los sistemas de abastecimiento son mas costosos. Así, hay hogares que pueden pagar US$50 al mes, pero en la región metropolitana, en Santiago, se puede llegar a US$ 10. Estos precios van acompañados de una cultura de uso racional del líquido elemento.
UN MODELO PARA PERÚ

¿Cómo ve al sistema peruano de agua y saneamiento?
Justamente, el Banco Mundial me ha pedido que lo asesore en un análisis de la política tarifaria que se aplica en el Perú. Me toca revisar cuáles son los principios contenidos en el modelo de cálculo de los precios que se cobran a los hogares y si estos se pueden mejorar. En este proceso, he tenido un acercamiento a Sedapal, que es una empresa bien estructurada, con todo el potencial para ser eficiente. Eso sí tiene que aumentar la micromedición y reducir las pérdidas técnicas, que ahora llegan al 30%. Esto quiere decir que de toda el agua que se produce, la tercera parte se pierde debido a fugas en las viviendas y a robos de quienes sacan agua y no la pagan. Parece un promedio de perdida alto, pero en Chile es similar.
¿Qué modelo funcionaría en Perú?, ¿podríamos optar por la privatización?
No es posible replicar el modelo chileno. La atomización del sistema, fundamentalmente con las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento (EPS), es un obstáculo para privatizar. No se aprovechan las economías de escala. Mientras no se rompa esta estructura, no hay posibilidad.
¿Cómo se puede mejorar la gestión de las empresas de saneamiento?
Las EPS no se manejan como empresas, no tienen criterios de eficiencia en sus operaciones, las inversiones se realizan por transferencias del Gobierno Central. Tiene que haber una mejor gestión con un modelo innovador y bastante mixto, no pueden haber recetas. Yo separaría a Sedapal del resto. Y en las EPS, aplicaría contratos de gestión de participación privada, pero gestión con inversión, que no solo el privado construya sino que administre. Para esto se necesitan contratos bien estructurados con reglas definidas y controles necesarios para que no obtengan un lucro mayor al que su actividad les permitiría. Esto funciona en países desarrollados. Y el Estado debe exigir que cumplan no solo estableciendo sanciones, sino también con multas y hasta el termino de la concesión.
¿Qué la falta al marco regulatorio peruano para ser atractivo?
Es fundamental tener un marco de concesiones claro y definido, donde se establezca qué puede y qué no puede hacer el privado y qué responsabilidad tiene frente al Estado. Mi preocupación en Sedapal, por ejemplo, es poder entender cómo financia su operación, cuánto financia con recaudación propia, con tarifas, cuánto con créditos y si es que recibe transferencias. Cuál es el flujo de caja de la empresa y qué rol juegan las tarifas. En el esquema chileno, todo se financia con tarifas.
EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

¿Qué retos viene para la gestión del agua en los gobiernos?
La preocupación de hoy día es dejar sistemas sostenibles a las generaciones futuras para que no sufran de mala calidad del servicio. Esto requiere mejor inversión en reposición, disminuir las perdidas, mantener la infraestructura, operarla bien y gestionarla con eficiencia. Otro tema que aparece es el cambio climático, el cual exige prepararse en dos frentes: contra la escasez de agua y contra desastres naturales como inundaciones. Estos factores vienen a cambiar la forma cómo se gestiona este rubro hasta el momento. 
¿Cómo está preparándose Chile?
Hoy en día hay que tener reservas y darle autonomía al sistema productivo para que frente a un evento climático la gente no sufra cortes del servicio y si los sufre, que esto sea por corto tiempo. En el gran Santiago (la capital chilena), se exigen programas para acumular agua cuando, por ejemplo, hay aluviones. Si ocurrieran y la fuente de agua principal queda inutilizada, hay nueve horas de reservas. Pero se están realizando nuevas inversiones para tener 32 horas de suficiencia en unos años.
En paralelo, hay obras adicionales como las desalinizadoras de agua de mar para llevar el servicio a zonas que se han vuelto desérticas. El desierto está creciendo en Chile. Este es un desafío pues somos un país con una importante actividad agroexportadora. Y estas inversiones se están financiando con tarifas. En Santiago, se ha incrementado de un punto porcentual la tarifa.