Foto: Revista Ideele.
Tras casi dos años en búsqueda de consenso, finalmente la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó, por mayoría, el proyecto de ley que establece la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en actos de corrupción y fija sanciones para las empresas que incurran en el delito de cohecho activo internacional.
 
De acuerdo con la iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo en el 2014, las empresas serán responsables por los delitos cometidos en su nombre, por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto, por sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y órganos colegiados, así como por su personal subalterno, siempre que actúen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
 
Se espera que el proyecto de ley sea debatido el próximo jueves 10 de marzo en el Pleno del Parlamento. 

¿Cómo funcionará? Una vez que entre en vigencia permitirá a los jueces aplicar sanciones contra una empresa involucrada en actos de corrupción, las cuales van desde multas, disolución (para el caso de empresas de fachada), clausura de locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo, cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales, además de la inhabilitación definitiva.
 
También se contemplan como medidas cautelares la clausura de locales o establecimientos; suspensión de actividades sociales; prohibición de actividades futuras de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se habría cometido, favorecido o incluido el delito; suspensión para contratar para el Estado; y la incautación o decomiso de dinero, bienes, efectos o ganancias. 

Además, se prevén mecanismos de protección para los trabajadores y acreedores que podrían resultar afectados.
 
REQUISITO PARA LA OCDE
Según la coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rosmary Cornejo Valdivia, la implementación de esta iniciativa legislativa es el único requisito que le falta al Perú para ingresar al Grupo de Trabajo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
 
"Si no logramos tener esta norma para el 10 de marzo, perderemos la participación en el Grupo Antisoborno de la OCDE y volveremos a nuestra condición inicial de invitados, sin derecho a voz y voto", indicó.
 
Este proyecto de ley es crucial porque regula la responsabilidad de las personas jurídicas de derecho privado, las asociaciones| y comités inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado o sociedades de economía mixta por el delito de cohecho internacional.