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¿Puede una empresa negarse a colaborar con la justicia?, ¿la línea que separa la privacidad y la lucha antiterrorista es muy delgada? El “caso iPhone”, como se le conoce a la oposición de Apple a permitir el acceso de las autoridades a uno de sus teléfonos, en el marco de una investigación criminal, ha reabierto el debate internacional acerca de la separación entre las libertades civiles y la protección de los datos personales, señala el diario ABC.

Esta jueves, Apple pidió a un tribunal federal de Estados Unidos que desestime una orden judicial que le exige a la empresa colaborar con el FBI en el desbloqueo de un iPhone, en un caso que ha reavivado el debate público sobre la encriptación de datos.

La petición, presentada en un tribunal de California en el caso que involucra a uno de los atacantes de San Bernardino, argumenta que la orden sobrepasa la facultad legal del gobierno y viola los derechos constitucionales de libertad de expresión de Apple.

La compañía, fundada por Steve Jobs, inició la semana pasada una batalla judicial y de relaciones públicas contra las autoridades estadounidenses por este caso, que se dirime en particular por la matanza en la localidad de San Bernardino (California), que dejó en diciembre 14 muertos.

El gobierno estadounidense había conseguido una orden judicial para exigir a la empresa que desbloquee para el FBI el iPhone de Syed Farook, uno de los autores del atentado.

“No es un caso que concierne a un iPhone aislado. Este asunto concierne sobre todo al Departamento de Justicia y al FBI, que buscan obtener -mediante fallo judicial- un peligroso poder que el Congreso y el pueblo estadounidense les han negado: la capacidad de obligar a empresas como Apple a traicionar intereses fundamentales en materia de seguridad y protección de la privacidad de centenares de millones de individuos en todo el mundo”, afirma Apple en el documento que presentó ante la Justicia.