Foto: Andina.

La tensa espera en la que los máximos organismos electorales han puesto a Todos por el Perú (TPP) continúa generando un interesante debate entre expertos en temas electorales, abogados y constitucionalistas, e incluso periodistas, sobre si los errores detectados para la inscripción del partido son lo suficientemente relevantes, en un proceso de Elecciones Generales, para sacar a un candidato presidencial de la contienda.


Hoy, en unas horas, la agrupación política recibirá dos decisiones: el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro anunciará si declara válida o no la fórmula presidencial que lidera Julio Guzmán y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) responderá al recurso extraordinario presentado por TPP para que se declaren nulas las observaciones de la Dirección Nacional del Registro Organizaciones Políticas (DNROP) a su cambio de estatuto, cambio de color del símbolo y a las elecciones de su Comité y Tribunal Electorales.


Para el constitucionalista César Landa, quien forma parte de la defensa legal de TPP, hay requisitos que deben ser interpretados de forma razonable, priorizando los derechos fundamentales y, por supuesto, respetando los mandatos legales. 


El también catedrático de la PUCP sustenta su argumento citando el párrafo de la Resolución 002305-2010-JNE, que señala que “en la medida que en los procesos electorales se incide directamente en el ejercicio de derechos fundamentales como los de participación y representación políticas, tanto las disposiciones normativas generales como las internas deben ser interpretadas de manera flexible, es decir, favoreciendo al ejercicio de dichos derechos fundamentales”.


De lo contrario, se ejecuta la ley -como muchas veces ha ocurrido en el país- por debajo de la realidad, sin interpretarla de forma adecuada. Siendo así, ¿la asamblea de Todos por el Perú del 20 de enero es suficiente para validar que en el partido sí se cumplió el proceso de democracia interna para designar a sus representantes en los comicios? Si no fuera así, habría un grupo disidente de la mayoría o un líder o caudillo mostrándose en contra, cosa que no ha ocurrido. Por el contrario, los acuerdos fueron ratificados en asamblea, refiere Landa.


Pero hay un problema con esta asamblea. La mayoría del Pleno del JNE ha cuestionado su ocurrencia. “Hay una presunción de veracidad o de mala fe sobre este acto”, reconoce Landa. Asimismo, hay cierto fetichismo con la legalidad, anota.


Una muestra de ello es el cuestionamiento que se hace a la afiliación de uno de los miembros del Tribunal Electoral de TPP. El constitucionalista recalca que cualquier ciudadano se convierte en militante de un partido cuando se afilia a este, no cuando es inscrito ante la DNROP. “Este registro es declarativo, no constitutivo de derecho y solo hay la obligación de actualizarlo una vez al año”, afirma.


También se ha cuestionado que la asamblea del 20 de enero haya sido utilizada por el partido de Julio Guzmán para subsanar los actos del Tribunal Electoral, instancia de la agrupación que es autónoma. Según el experto en temas electorales, José Naupari, si bien en estricto esto no procedería, bastaría con que en el acta de dicha reunión se convalide la elección de los miembros del citado colegiado “con una eficacia retroactiva”.


Esto debido a que, según detalla Naupari, la Ley de Organizaciones Políticas permite validar todos los actos que una agrupación hizo mientras no estuvo inscrita. Pero para ello se requiere que el Tribunal se inscriba en la DNROP. Es decir, es un procedimiento subsanable. Con lo cual se vuelve al debate de si es una valla que se puede remediar, ¿es suficiente para sacar a un candidato de contienda?