Foto: Agencia Andina
El Perú es uno de los ocho países con la mayor carga burocrática del mundo, alertó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Según el gremio industrial, mediante un análisis basado en estudios del World Economic Forum (WEF) y del Banco Mundial, nuestro país registra un 30% más de carga burocrática que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y tiene la menor calidad regulatoria entre todos los miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y de la Alianza del Pacífico; y entre todos los países asiáticos y europeos con los cuales se tiene un acuerdo comercial (con la excepción de Croacia e Italia).
 
De acuerdo con el gremio industrial, el Perú es el país de la Alianza del Pacífico en el cual se requiere más tiempo para culminar un proceso de apertura de negocio, edificación de planta, pago de impuestos y operaciones de exportación e importación, con 263 días en total, 41% más tiempo que el promedio de la OCDE. Entre otros, destaca el plazo para abrir una empresa (26 días, más del triple que el promedio OCDE) y para obtener una licencia de edificación (174 días, más del doble que Colombia y México).
 
Cabe mencionar que según el ranking WEF 2015, el Perú ocupa el puesto 133, de entre 140 países, en carga de regulación gubernamental. Aún más rezagados aparecen Ecuador (134), Argentina (135), Serbia (136), Croacia (137), Italia (138), Brasil (139) y Venezuela (140).
 
La SNI considera fundamental aplicar cinco reformas para la simplificación y mejora regulatoria. Primero, aplicar una “guillotina” que elimine las regulaciones detectadas por el Indecopi como barreras burocráticas ilegales y/ o irracionales. Segundo, establecer un TUPA único nacional para todo nivel de gobierno, como mínimo para los trámites de mayor demanda (entre ellos, licencia de funcionamiento, certificado de seguridad de edificaciones).

Tercero, revisar la justificación técnica de los silencios administrativos negativos vigentes y aplicar licencias automáticas o silencios positivos para la mipyme. Cuarto, aplicar sanciones efectivas y rápidas a los funcionarios que exceden los plazos legales para responder solicitudes. Y finalmente, exigir que toda norma relevante del Poder Legislativo y de todos los niveles de gobierno cuente con un estudio de análisis de impacto regulatorio que se publique previo a su emisión.