FUENTE: ASOCIACIÓN DE BONISTAS DE LA DEUDA AGRARIA (ABDA).
La disputa entre los poseedores de los bonos de la deuda agraria y el Estado peruano llegó esta vez a The Wall Street Journaldiario estadounidense que en un extenso artículo detalló las gestiones legales y políticas que la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) viene realizando en Estados Unidos para obligar al Gobierno a pagar la acreencia.

Según la publicación, Gramercy, el fondo especulativo que adquirió el 20% de los títulos pagando una fracción de su valor nominal, ha iniciado una intensa campaña que en su primera etapa comprendió la contratación de Podesta Group, una firma especializada en lobby, y ahora ha obtenido la opinión legal de un especialista para llevar el caso ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés).

INTENSA CAMPAÑA
La ofensiva empezó en enero del 2014, cuando el Gobierno de Ollanta Humala aprobó un decreto para desembolsar menos del 10% que los tenedores de bonos dicen que se les debe (US$ 5.000 millones), lo que llevó al citado fondo a enviar un ejecutivo a Lima para presionar por un acuerdo. “Recibió una respuesta breve de un funcionario, según una persona informada sobre el asunto: Hagan que nos interese”, citó la publicación.

El trabajo de Podesta Group incluyó gestionar el apoyo de los legisladores estadounidenses a los tenedores de los bonos, quienes se unieron al grupo de bonistas locales y emprendieron una campaña en los medios de comunicación, que coincidió con las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), realizadas en Lima, en octubre del 2015.

LA RESPUESTA DEL MEF
Por aquel entonces, consultado sobre el tema, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, respondió que “el Gobierno está cumpliendo con la deuda (originada por la expropiación de predios a terratenientes durante la reforma agraria de 1969) siguiendo la metodología y procedimiento establecidos en una sentencia del Tribunal Constitucional”, pues esta acreencia se rige bajo la legislación peruana, no internacional.

“Siempre van haber intereses de los que buscan generar réditos. En este caso, hay actores específicos, que se especializan en tratar de enjuiciar Estados... Lo que terceros interesados quieran hacer no nos preocupa, seguimos trabajando”, dijo en aquella oportunidad.
Ahora, Gramercy contrató a John Coffee, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, para que emita una opinión legal sobre algunos documentos de deuda presentados por Perú ante inversionistas globales

El catedrático sostiene que nuestro país violó en octubre la Ley de Valores de EEUU de 1933, cuando emitió un bono de 1.100 millones de euros (US$ 1.200 millones), al decir que el país no estaba “involucrado en disputas con sus acreedores internos o externos”.

Nuestro país está sujeto a las regulaciones de la SEC porque se endeuda en los mercados globales mediante bonos que emite bajo la legislación de Nueva York, una opción que probablemente prefiere mantener abierta en un momento en que la caída mundial de los precios de las materias primas ha provocado déficits presupuestarios, agrega WSJ.

El diario estadounidense recordó que es usual que firmas de cobertura, llamadas también 'fondos buitre' traten de exprimir a los gobiernos con problemas de liquidez para cobrar bonos en cesación de pagos. Elliott Associates, de Paul Singer, usó esa estrategia en 3l 2000 para obligar a Perú a pagar algunos bonos y lleva haciendo algo similar contra Argentina desde el 2004.

Con sus gestiones políticas y legales en EEUU, Gramercy busca que el Estado peruano le reconozca US$1.000 millones, monto que considera vale el 20% de los títulos de la deuda agraria que posee.