Foto: Andina
El consejo directivo de ProInversión informó que ha dejado sin efecto la adjudicación del proyecto ‘Iniciativa privada en infraestructura penitenciaria y renovación urbana Tinkuy Plaza’, el cual planteaba la construcción de un centro comercial, viviendas y áreas deportivas en el área del expenal San Jorge, en el Cercado de Lima.

Según explicó la agencia a cargo de la promoción de la inversión privada en el país, el Consorcio Promotor San Jorge -conformado por las empresas Quota Administradora de Fondos de Inversión, Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa), y Soluciones Integrales Tax S.A., Corporación 4252 y Grupo 2803- “no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos en los plazos establecidos”.

Tras adjudicarse la obra en febrero del 2015, el citado consorcio debía constituir una sociedad de propósito específico, realizar el aporte del capital mínimo exigido y la debida constitución de garantías para así poder suscribir un contrato con el Ministerio de Justicia (Minjus).

Sin embargo, el Consorcio San Jorge no cumplió con las condiciones fijadas, pese a que se le otorgaron ampliaciones de plazos hasta en tres oportunidades, precisó Proinversión.

“Luego de estas ampliaciones, el Minjus solicitó que se establezca la fecha de suscripción del contrato para el 15 de diciembre del 2015, pero el consorcio no cumplió con la acreditación solicitada en el día establecido para ello”, anotó la entidad estatal.

Ante tal situación, el 17 de diciembre del 2015 el Minjus comunicó a ProInversión que no era viable otorgar una nueva fecha para la firma del contrato, motivo por lo que el pasado 22 de diciembre se acordó dejar sin efecto la adjudicación, decisión que ya ha sido notificada al grupo de inversionistas que tenían interés en el proyecto.

¿Y EL NUEVO PENAL?
Además del desarrollo inmobiliario para el terreno del expenal San Jorge, la iniciativa privada incluía el financiamiento, compra de terreno, diseño, construcción y equipamiento de un nuevo establecimiento penitenciario, con una capacidad máxima de 1,982 unidades de albergue, cuya puesta en marcha tendrá que esperar ahora hasta que Proinversión encuentre otro inversionista.

No es el único penal que el Gobierno planea vender para poner en valor el área que ocupan y trasladar así a los centros penitenciarios de las zonas residenciales que hoy ocupan. En setiembre del 2014, el expresidente del Inpe y hoy ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, indicaba que en el plan de venta de penales se ha incluido a los penales de mujeres de Chorrillos y Quencoro del Cusco.

De acuerdo con la página web de Proinversión, también se han considerado para su reubicación los penales de Lurigancho y Miguel Castro, ambos ubicados en Lima.