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Un nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo reportó que, en noviembre último, se registraron un total de 215 conflictos sociales, de los cuales 153 están activos y 62 eran considerados latentes, siendo la mayoría de origen socioambiental.

Solo en el penúltimo mes del año, se incorporaron cinco nuevos casos, se resolvieron dos, uno fue pasado a observación, dos se fusionaron y uno pasó de estado activo a latente, detalló la citada institución.

NUEVOS CONFLICTOS
En su Reporte de Conflictos Sociales N° 141, la Defensoría del Pueblo precisó que los nuevos casos se presentaron en Áncash, Apurímac, Ica, Piura y Ucayali. En el primer conflicto, pobladores del caserío Chaquecyaco (distrito de Jangas, provincia de Huaraz) le exigen a la empresa minera Barrick Misquichilca que cumpla con asignar el presupuesto comprometido para el mejoramiento de los caminos de herradura.

En Apurímac, la comunidad campesina Pampachiri (provincia de Andahuaylas) ha iniciado una disputa territorial con la población campesina de Sañayca (provincia de Aymaraes). 

En Ica, pobladores de Pisco cuestionan el cambio del uso de un predio por parte de la municipalidad provincial, el cual permitiría la instalación de una fábrica de cemento de la empresa Caliza Cemento (Cementos Inka), quél podría afectar la producción agrícola de la zona.

En el caso de Piura, pescadores artesanales se oponen a la actividad extractiva de embarcaciones de arrastre dentro de las cinco millas del litoral marino.

Y finalmente, en Ucayali, asociaciones forestales, aserraderos y otras organizaciones sociales exigen la derogatoria del decreto supremo N° 076-2014-PCM y de los decretos legislativos N° 1220 y N° 1237, relacionados a la actividad de la tala ilegal.

SE RESOLVIERON
La Defensoría también informó que se resolvieron dos dispustas, una en Ica y la otra, en Loreto. El primero era un conflicto laboral entre la empresa Coopsol (vinculada da Shougang Hierro Perú) y sus trabajadores. Según estos últimos, ya no tendrían reclamos contra la empresa en cuestión, además han sido contratados por la firma Adecco. 

En Loreto, el problema surgió por los reclamos de organizaciones sociales debido a la incertidumbre por el otorgamiento del Lote 192 a Petroperú. La promulgación de la Ley N°30357 puso fin a la protesta.

REGIONES CON MÁS PROBLEMAS
Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac continúa concentrando la mayor cantidad de conflictos (23), seguida de Áncash (22) y Puno (19). 

En cuanto a la tipología, los de origen socioambiental continúan siendo los más numerosos (69,3%). En relación a actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería sigue como la que se relaciona con más casos (63,1%).

Sobre la violencia en los enfrentamientos,  la Defensoría del Pueblo refirió que entre el 1 y el 30 de noviembre no se registraron muertos ni heridos. Por otro lado, se presentaron 284 protestas sociales en el mes, 100 más que en octubre.