Foto: Andina
Pese a su impacto económico-social, la violencia contra la mujer suele ser un problema que solo genera preocupación cada vez que llega a la página policial de un diario o un programa de tv dominical le dedica más de cinco minutos. En el Perú, según el INEI, 13 de cada 100 mujeres entre los 15 y 49 años de edad han sufrido algún tipo de agresión por parte de sus parejas; y entre el 2009 y el 2015, se registraron 795 feminicidios.

¿Cómo afecta esto a la actividad productiva? De acuerdo con el estudio 'Costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú', elaborado por la USMP y GIZ, las compañías locales pierden US$6.744 millones al año.

En el caso de las mype, la USMP encontró en una investigación reciente que el 72% de las propietarias de un negocio -que factura entre US$25 mil y US$170 mil- sufre de algún tipo de violencia (psicológica, física o sexual).

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Pero las mujeres no son las únicas víctimas. En lo que va del año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha recibido 48 mil denuncias en sus Centros Emergencia Mujer - CEM, de las cuales el 15% fueron hechas por varones

Para contrarrestar esta situación, el Poder Ejecutivo, mediante el MIMP, promovió en el Congreso la aprobación de una ley que proporciona un abordaje integral a esta problemática, así además de agilizar la atención en los planos policial y judicial, también contempla necesarias facilidades laborales para las víctimas.

De esta forma, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar N° 30364, promulgada por el Gobierno el pasado 23 de noviembre, en su artículo 11 establece cuatro nuevos derechos laborales. Aquí un resumen:

1. El trabajador o trabajadora que es víctima de violencia no puede ser despedido por causas relacionadas a dichos actos.
2. Asimismo, tiene derecho a solicitar el cambio de lugar de trabajo o de horario, en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría.

3. El trabajador o la trabajadora también puede acceder a la justificación de inasistencias y tardanzas al centro de trabajo, siempre que estas hayan sido generadas por actos de violencia. Eso sí, las faltas no pueden exceder de cinco días laborables en un período de 30 días calendario o más de 15 días laborables en un período de 180 días calendario. 

Para hacer efectivo el beneficio, se considerarán como documentos justificatorios la denuncia ante la dependencia policial o ante el Ministerio Público.

4. Y si la gravedad de la situación lo amerita, se podrá requerir la suspensión de la relación laboral. Para poder ejercer este derecho, el juez a cargo del proceso (de violencia familiar) estará facultado a conceder a la víctima hasta un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones. 

La reincorporación al centro de trabajo se hará en las mismas condiciones existentes al momento de la suspensión de la relación laboral.