Representantes de Lindley y Arca, junto al ministro de Economía, inauguraron recientemente una planta en Pucusana (Foto: Lindley).

La venta que Lindley realizó de sus acciones al grupo mexicano, Arca Continental, está muy lejos del cierre exitoso. Ayer, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) notificó a la embotelladora de Coca-Cola e Inca Kola en el Perú el inicio de un proceso sancionador en su contra tras acoger la queja de un grupo de tenedores de acciones de inversión, entre los que figuran los grupos chilenos Bancard (firma ligada a Sebastián Piñera), Fratelli Investment (de la familia Solari), y Larrain Vial.

Arca, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande en América Latina, informó el pasado 10 de setiembre que había acordado pagar a la familia Lindley US$760 millones por el 53% de las acciones de la compañía peruana. Adicionalmente, entregó otros US$150 millones por el compromiso del grupo de retirarse de la industria embotelladora de forma permanente.


LAS RAZONES DEL CONFLICTO
Para los accionistas de inversión, en la operación Lindley no cumplió con su deber de proteger los derechos de todos los accionistas o incluso de informarles que las negociaciones estaban en curso, por lo que en los primeros días de octubre enviaron cartas a los reguladores en el Perú y México para que analicen el acuerdo de venta.

Fue entonces que la compañía mexicana intentó sin éxito comprar los papeles en manos de los inversionistas en minoría. El 23 de octubre, Arca Continental ofreció pagar US$0,89 por cada acción de inversión, pero los tenedores de estas accionistas rechazaron la propuesta pues calculan que el valor real es de US$2,946.

“El precio pagado a la familia Lindley implica asignar un valor de más de US$1.900 millones al patrimonio de la compañía. Las acciones de inversión representan poco más del 11% del patrimonio de Lindley. Si se les reconoce la parte proporcional del equity value, el valor que les corresponde es de US$210 millones. Sin embargo, el precio de US$0,89 anunciado por Arca es asignarle un valor de aproximadamente US$64 millones a todas las acciones de inversión, es decir apenas el 30% de lo que es su valor proporcional en el equity de la compañía”, argumentaron en aquella oportunidad.


NO ES CONFIRMACIÓN DE FALTA
Tras ser notificado sobre el inicio del proceso sancionador, Lindley cumplió con divulgar el hecho, según lo exige la ley, en el portal web de la SMV. Sin embargo, anotó que “esto no significa una declaración o confirmación de que Corporación Lindley S.A. haya actuado en contravención de cualquier dispositivo legal”, anotó.

La embotelladora peruana aseguró que la respalda la presunción de licitud que asiste a todos los actos de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 9) del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 

Lindley ya ha asegurado que no le correspondía informar de los pormenores de la venta a los poseedores de acciones de inversión, debido a que estos no tienen derecho a voto.

Y esta mañana, la firma anunció su total apertura para colaborar con el organismo regulador en el proceso de investigación, brindando información adicional, a mayor detalle, que le permita a la autoridad contar con los elementos necesarios para su análisis.

"Reafirmamos nuestra confianza en el criterio y la capacidad de la SMV, así como nuestra plena disposición para, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, actuar de manera respetuosa de las leyes y normas que rigen el mercado de valores", indicó.