Exactamente un mes después de su promulgación, el Congreso derogó el Decreto Legislativo 1198, que permitía al Ministerio de Cultura firmar “convenios de gestión cultural” con entidades privadas para administrar yacimientos arqueológicos. El proceso por el que transitó la norma es una clara expresión de la precaria institucionalidad política peruana: fue aprobada, cuestionada y suprimida sin mayor debate ni negociación.

A pesar de ello, considero que el marco legal propuesto diversificaba las opciones para proteger y promover el patrimonio cultural. Aunque son pocas, en el ámbito local existen ya iniciativas exitosas de gestión del patrimonio basadas en alianzas público-privadas. Quizá la más emblemática sea la del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, financiado a lo largo de su historia tanto por el INC y el Ministerio de Cultura como por la Fundación Backus, el World Monuments Fund (WMF) y la Universidad Nacional de Trujillo.

Entre 1994 y el 2012, dicho proyecto logró mejorar la conservación de las huacas, incrementar el flujo turístico del lugar de 2.000 visitantes anuales a 122.000 y multiplicar los restaurantes campestres de alrededor de 5 a 43. En ese sentido, el Decreto Legislativo 1198 habría podido institucionalizar y ampliar, potencialmente, los alcances de prácticas vigentes, capaces de poner en valor el patrimonio mediante la combinación de investigación, conservación, uso público y desarrollo local, tal como ha sucedido en el caso citado.

Asimismo, de modo internacional existen múltiples experiencias de alianzas público-privadas, conocidas en inglés como PPP (public-private partnerships), tanto en el patrimonio arqueológico como en el histórico. La fórmula no es nueva. En países como Holanda, por ejemplo, el progreso de los museos y teatros públicos ha sido notable por medio de un marco institucional que condiciona la entrega de subvenciones a la obtención de resultados por parte de los gestores privados.

Sin embargo, la participación privada en la gestión del patrimonio no resuelve todos sus problemas y suele focalizarse en casos muy particulares: donde la rentabilidad resulta segura o el interés se ajusta a un programa estable de responsabilidad social. En ese sentido, la inversión privada nunca llega a reemplazar la inversión pública, sino solo a complementarla. Además, puede generar efectos negativos, como una “disneylización” (trastorno o pérdida del valor cultural del pasado por priorizar objetivos comerciales) o la privatización de los beneficios económicos en desmedro del interés común.

EL EQUILIBRIO PÚBLICO-PRIVADO

La literatura especializada en el tema sugiere que las alianzas público-privadas, para ser exitosas, deben encontrar un equilibrio entre el valor cultural y el valor económico del bien patrimonial, y entre los intereses de todas las partes involucradas con relación a los tres componentes “r” en juego: recursos, responsabilidades y riesgos. Ello demanda que el sector público sea capaz de viabilizar y de regular la inversión privada, de modo que logre ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, sin mayores costos.

Entonces, la discusión no debería centrarse en si el sector privado debe gestionar el patrimonio o no, sino en las condiciones que tendría para hacerlo y en las capacidades, prácticas y legales, del Ministerio de Cultura para ejecutar, planificar estratégicamente y fiscalizar el proceso. En cualquier escenario, la profesionalización del Estado es ineludible.

Por esa razón, para garantizar el éxito de alianzas de este tipo no solo es necesario discutir sus alcances antes de convertirlas en ley. También es importante revertir las deficiencias de la administración de Diana Álvarez-Calderón: el débil posicionamiento de la agenda del sector cultural en el Gobierno y la opinión pública, la escasa generación de articulaciones y vínculos políticos con la sociedad civil, la infortunada negociación de partidas con el MEF y la carente priorización de los recursos en políticas de impacto social.

La inversión privada no puede ser confundida con la “privatización”, como tampoco la intervención pública con la “estatización”. En la política cultural, como en otros casos, ambos reduccionismos motivan debates estériles que distraen la atención sobre un hecho central: el bien público no se garantiza con un Estado empírico.