Foto: Municipalidad de San Isidro
Esta mañana, la Municipalidad de San Isidro decidió clausurar definitivamente el local de la Asociación  de Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), gremio que agrupa a las cuatro empresas del rubro que operan en el país: Integra, Profuturo, Prima y Habitat, las cuales cautelan el ahorro para la jubilación de 5.9 millones de peruanos y peruanas.

El establecimiento, ubicado en la cuadra 5 de la calle Antequera, en el citado distrito, fue cerrado por desacato a la autoridad y por no contar con el certificado de Defensa Civil, precisó la comuna en un comunicado.

Tras el anuncio, el presidente de la Asociación de AFP, Luis Valdivieso, reconoció -en declaraciones a Gestión.pe- los incumplimientos, pero aseguró que se trata de un error administrativo, el cual se subsanaría a la brevedad para que la institución pueda volver a abrir entre la tarde de hoy o mañana.

Sin embargo, el alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, aclaró -en una entrevista a Canal N- que el cierre del lugar es definitivo. El gremio pudo haber subsanado su falta tras la primera inspección, pero debido a que abrió nuevamente sin autorización la sanción fue mayor.

Según detalló el municipio, durante una inspección inopinada realizada el pasado fin de semana, personal de Fiscalización comprobó que la sede de la asociación carecía del Certificado de Seguridad de Defensa Civil, requisito indispensable para el funcionamiento de establecimientos y oficinas.

“En ese momento se le puso una multa y se le clausuró momentáneamente en tanto regularizaba su situación administrativa. Sin embargo, haciendo caso omiso a las disposiciones municipales, intentaron funcionar ayer lunes de manera irregular, arrancando incluso los papelotes de sanción”, indicó.

La comuna sanisidrina anunció que, tras revocar la licencia del local, formalizará las denuncias penales del caso, mediante su Procuraduría Pública Municipal. Además, ha impuesto una sanción total de 3,465.00 soles.

Finalmente, aseguró que ha procedido de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, norma que establece que la autoridad edil puede clausurar algún local comercial o de oficinas cuando constituyan peligro o riesgo para la seguridad de las personas.