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Tras las advertencias del riesgo que corre la reforma del transporte en la capital, argumento al que ha recurrido la Municipalidad de Lima, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, respondió esta mañana que su sector no se opone a la mejora, pero anotó que esta debe hacerse cumpliendo la ley.

La solución parte primero porque deben cumplirse los procedimientos para ver qué puerta se puede abrir”, sostuvo el encargado de velar por el herario público, luego de que el alcalde de Lima, Luis Castañeda, pidiera su renuncia al considerar que “la intransigencia del MEF” afecta fundamentalmente a los usuarios.

NO AL USO POLÍTICO
De acuerdo con Segura, su sector no ha dado opinión sobre ningún contrato porque nunca fue solicitada. “Ese fue justamente el problema y es importante entender que lo primero es retirar adjetivos de la mesa y argumentos de corte político, este es un tema eminentemente técnico y el rol del MEF es velar por la hacienda pública”, refirió Segura en una entrevista en RPP.

Esto debido a que, según el funcionario, hay indicios de que la concesión de los corredores de transporte no son concesiones autosostenibles y pueden afectar los recursos del Estado, además de generar pasajes más costosos para los pasajeros.

DOS GESTIONES
Las omisiones por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima se habrían dado tanto en la gestión del actual alcalde Castañeda como durante el periodo de Susana Villarán, según comentó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

“La ley tiene que cumplirse. El MEF ha apoyado a la municipalidad de Lima durante meses. Le notificó e informó en reuniones de trabajo (sobre las observaciones). Cursamos oficios diciendo ‘ojo, acá hay una opinión’ (del Ministerio de Economía), por lo que la comuna limeña conscientemente se ha saltado esta opinión y es lo que genera este impase”, aseguró el ministro.

Finalmente, precisó que su portafolio ha detectado que las obras que el municipio limeño consideraba autosostenibles -como la del by pass en la Avenida 28 de julio (en el Cercado de Lima) y el Puente Bella Unión (en el distrito de San Martín de Porres)- en realidad iban a ser pagadas por todos los peruanos durante su mantenimiento y operación.

“Eso no es autosostenible y además cuando se comprometen recursos públicos, tienes que pasar por el Sistema Nacional de la Inversión Pública (SNIP) pero no habían pasado”, afirmó.