Fuente: Asociación de Bonistas.
En un nuevo intento de presionar al Estado para recuperar la deuda de la reforma agraria, los actuales poseedores de los bonos que acreditan la acreencia- entre los que figuran el fondo especulativo Gramercy- enviaron una carta al ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, increpándole por la realización del pago y cuestionando la fórmula que el Gobierno está usando para contabilizarlo.

Bajo la fachada de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) y con fecha 26 de octubre, remitieron la misiva al titular del despacho, ubicado en el Jr. Junín, en la que plantean una serie de interrogantes sobre lo que ellos llaman “la falta de compromiso del gobierno con el pago de la deuda expresada en los bonos agrarios”.

El tema sobre el que gira el documento es la fórmula decidida por el Tribunal Constitucional (TC) para valorizar los bonos. El máximo tribunal ha establecido la metodología de dolarización para actualizar estos títulos a valor al presente, cuando -en opinión de los bonistas- debió aplicarse el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que el Gobierno usa para la recaudación y el cobro de impuestos.

¿Porqué la discrepancia? Con la fórmula de dolarización del TC  los especuladores obtendrían por su deuda US$25 millones, pero si se actualiza con el indicador de la inflación (IPC) la deuda superaría los US$5 mil millones, que es el monto que los actuales poseedores de los bonos prevén levantar de las arcas peruanas.

ANTECEDENTES
Los bonistas vienen realizando una intensa campaña en medios de comunicación, donde también utilizan la denominación de “Alianza para el pago justo de los bonos agrarios (APJ)”. Su ofensiva incluye costosa publicidad en inglés, la cual es liderada por el fondo especulativo de origen estadounidense Gramercy.

Gramercy habría adquirido los bonos a los afectados por la reforma agraria en el 2008. No es la primera vez que esta firma realiza operaciones de este tipo en la región para sacar beneficios de los herarios públicos. En Argentina, llegó a poner en jaque al gobierno de Cristina Fernández y lo llevó a negociar para evitar el embargo del avión presidencial.

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas no se ha pronunciado sobre la mivisa enviada por los bonistas, durante la Junta de Gobernadores del FMI y Grupo Banco Mundial realizada en Lima la segunda semana de octubre, el titular del sector, Alonso Segura, indicó que el Estado peruano está siguiendo la metodología y el procedimiento establecidos en una sentencia por el Tribunal Constitucional, pues esta acreencia se rige bajo legislación peruana, no internacional.

Siempre van haber intereses de los que buscan generar réditos. En este caso, hay actores específicos, que se especializan en tratar de enjuiciar estados... Lo que terceros interesados quieran hacer no nos preocupa, seguimos trabajando”, comentó en aquella oportunidad el ministro

No es la primera vez que los bonistas envian una carta a un funcionario del Gobierno. El 16 de julio del 2013, se dirigieron al por entonces asesor legal del presidente Ollanta Humala, el abogado Eduardo Roy Gates para mostrar sus críticas al procedimiento establecido para el pago de los bonos.