Ángel Gurría, de la OCDE. Foto: CNN

La ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción es una norma que permitiría a los jueces procesar y condenar a empresas y organizaciones independientemente de la sanción a sus ejecutivos. En el 2012, la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comunicó al Perú que, para pertenecer a su Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros, tendría que modificar su normativa para que contemple esta figura. Dicho ajuste pondría al país en una posición favorable para su adhesión a la OCDE, lo que es un objetivo clave que se ha trazado el gobierno.

Como reportamos en PODER, el anteproyecto para dicha norma, impulsada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) el 2014, recibió el rechazo de la Confederación Nacional de Empresariales Privadas (Confiep), cuyo ex presidente Alfonso García Miró afirmó que no era necesaria e hizo denodados esfuerzos por bloquearla. Finalmente, en diciembre pasado, el proyecto de ley fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, donde aguarda su aprobación.

Sobre las modificaciones a la normativa de cada país en asuntos anticorrupción para pertenecer a la Convención para Combatir el Cohecho, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, dijo a PODER que “si es necesario ajustar la legislación, pues hay que ajustarla”. Agregó que Chile y México, las únicas  dos naciones latinoamericanas que forman parte de la OCDE, tuvieron que hacer dichas adaptaciones. Mientras que Colombia y Costa Rica, que también se encuentran en busca de su membresía –como el Perú–, ya forman parte de la Convención.

La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE es un acuerdo legalmente vinculante. Los países miembros acuerdan establecer como delito el soborno de un servidor público extranjero en su legislación nacional e implementar políticas efectivas para evitar, detectar, investigar y sancionar el soborno internacional. Se trata del primer y único instrumento internacional anticorrupción que se enfoca en el lado “oferente” de la corrupción, es decir la persona o entidad que ofrece, promete u otorga una dádiva, señala la OCDE.

Gurría afirma que no es necesario ser miembro de la OCDE para adherirse al grupo antisoborno. Actualmente dicha Convención cuenta con más de 50 miembros, mientras que la organización como tal reúne a 34 países. Brasil, sin formar parte de la OCDE, por ejemplo, se ha adecuado a las normativas necesarias para formar parte del grupo anticorrupción. China y Rusia han mostrado interés.

“Nosotros esperamos que el Perú esté convencido de que esta [la adecuación normativa para la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros] es una buena idea. Y que la haga porque está convencido de que es para su mejor interés”, concluyó Gurría.

En Perú, existe una parte del sector privado que sí está a favor de la ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción. En este grupo se encuentra la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y empresas como Graña y Montero.