(PERUMIN, Arequipa) De acuerdo con el último informe de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional existen 209 conflictos sociales (148 activos y 61 latentes). De esta cifra, 91 están asociados a la actividad minera.

 

Para el ex comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc esto demuestra que el Perú ha visto crecer la conflictividad social junto con el boom de las inversiones mineras de los últimos años. Opinó además –quizá en un tono autocrítico, pues él también ha formado parte del aparato estatal para prevenir la convulsión social– que “en 15 años los gobiernos han experimentado todas las estrategias y planes que se han podido imaginar. Y todo ha fracasado”.     

 

Sobre los casos exitosos ya conocidos, como Toromocho, las Bambas y, en su momento, Antamina, dijo que se tratan de “casos concretos que responden a estrategias empresariales correctas en las que el Estado ha hecho muy poco”.  

 

Para mitigar esta situación, Huaroc propuso que se trabaje y apruebe una política nacional de prevención de conflictos, que priorice los casos con la participación de varios sectores. “Las respuestas inmediatas, que no involucran al sector público y no son estratégicas y de largo plazo, no funcionan”, afirmó.  Finalmente, recalcó que la coyuntura electoral que se aproxima es el momento ideal para que los candidatos planteen sus propuestas sobre cómo van a manejar los conflictos sociales que afectan a sectores cruciales para sostener el crecimiento económico.